Asistieron además representantes de organizaciones e instituciones internacionales como la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH), la Comisión Europea, la Organización para la Armonización del Derecho Empresarial en África (OHADA) y su Escuela Regional Superior de Magistratura (ERSUMA), la Academia de Derecho Europeo (ERA), el Instituto Europeo de Experiencia y Expertos (EEEI), la Unión Africana de Huissiers de Justicia (UAHJ) y el Instituto Internacional para la Excelencia Judicial (IIJE).

Todos los asistentes recibieron una copia de los trabajos previos al congreso, en los que han participado 80 autores, así como la tercera edición del Código Mundial de Ejecución, que incluye una nueva sección sobre ética y estándares profesionales de la profesión de agente de ejecución.

El trabajo científico del congreso se estructuró en torno a tres talleres, divididos en presentaciones, mesas redondas, debates con el público y conclusiones, en los que se trataron temas como el fortalecimiento de los estándares profesionales como condición de confianza y posible aumento de competencias, deontología, formación inicial y continua, multidisciplinariedad y modernización, o los retos de la digitalización como impulso de las profesiones jurídicas.

El representante de España, Luis Ignacio Ortega Alcubierre, que en este congreso culminó su mandato como vicepresidente de la UIHJ, aunque continuará tres años más integrado en el bureau ejecutivo como consejero de Presidencia, participó en la mesa redonda sobre cooperación
internacional.

La UIHJ aprobó además la ratificación de cinco organizaciones profesionales como nuevos miembros, procedentes de Sudáfrica, Brasil, República Centroafricana y Colombia, y la elección de Lisboa como sede del 26 Congreso Internacional a celebrar en 2027.

Considerando, entre otras cuestiones, que los procuradores, huissiers, agentes de ejecución y profesiones análogas desempeñan un papel fundamental en la aplicación del Estado de derecho, garantizando, con sus competencias, su estatus y sus actividades el mantenimiento de la seguridad jurídica, el Congreso se cerró con las siguientes
conclusiones:

1. Formación. La formación inicial debe definirse estrictamente para cubrir todos los aspectos de sus actividades y responsabilidades. La formación continua es esencial para el adecuado ejercicio y la sostenibilidad de la profesión; debería ser obligatoria y supervisada a fin de promover el desarrollo de las competencias ejercidas por los profesionales.

2. Estándares éticos y profesionales. Se deben cumplir los estándares profesionales, claramente definidos por ejemplo en el Código Mundial de Ejecución elaborado por la UIHJ.

3. Actividades multidisciplinares. Se debe alentar el desarrollo de actividades secundarias compatibles con la función de los procuradores, en particular aquellas que puedan salvaguardar y garantizar el reconocimiento de los derechos de las partes y que tengan como objetivo acelerar el proceso judicial o reducir la carga de trabajo de los tribunales.

4. Digitalización. Los profesionales deben ser actores esenciales en el desarrollo y uso de las herramientas digitales necesarias para la implementación óptima de sus actividades.

5. Tercero de confianza. Se debe alentar a las profesiones a que se posicionen como terceros universales confiables para la seguridad jurídica, particularmente en el campo de las pruebas.

6. Código Mundial. Se debe garantizar la difusión del Código Mundial de Ejecución e incluirlo en los procesos de formación.