Tiene su base en un recurso interpuesto por un procurador contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el que se le impidió aplicar la reducción por rendimientos irregulares correspondientes a ciertos ingresos obtenidos en un periodo superior dos años. Si bien la sentencia es una formidable herramienta que puede ayudar a obtener un ahorro fiscal muy interesante, deberemos de analizarla en profundidad. No se trata de un salvoconducto definitivo que permita conseguir una menor tributación.

¿QUÉ SON LOS RENDIMIENTOS IRREGULARES Y CÓMO TRIBUTAN?

El artículo 32.1 de la Ley del IRPF establece una reducción del 30 por ciento para aquellos rendimientos netos con un periodo de generación superior a dos años, cuando se imputen en un único periodo impositivo, con las siguientes limitaciones:

“La cuantía del rendimiento neto sobre la que se aplicará la reducción no podrá superar el importe de 300.000 €. No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aun cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un periodo que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos”.

Es decir, lo que el legislador pretende es, por un lado, “conceder un alivio fiscal” al contribuyente eliminando el efecto pernicioso que tiene tributar en un solo ejercicio el resultado acumulado de varios “años de trabajo”, que se vería penalizado por la progresividad del impuesto, con respecto a otro contribuyente que tuviera la capacidad de percibir sus retribuciones de manera anual.

Pero, por otro lado “se reserva una cautela” para evitar un ahorro fiscal a aquel contribuyente que, debido a la naturaleza de la actividad que desarrolla, obtienen sus ingresos de manera habitual en un periodo superior a dos años, ya que estaría obteniendo una ventaja por el mero hecho de que el “periodo de maduración” del trabajo que desarrolla es más largo con respecto a aquel que recibe sus retribuciones anualmente.

La sentencia que analizamos tiene un gran interés por- que aborda los siguientes aspectos con trascendencia fiscal:

1. El contribuyente fue el que inició el procedimiento al rectificar sus autoliquidaciones tributarias de IRPF, cuando comprobó que, por error, no había considerado como irregulares ciertas rentas una vez las declaraciones ya habían sido presentadas. Argumentó su solicitud en el contenido de sus facturas, donde se indicaban los números de procedimiento y la fecha de su inicio, que era superior a dos años con respecto a las fechas de las facturas emitidas. La Administración Tributaria denegó las pretensiones del procurador, argumentando que en el procedimiento judicial se producen interrupciones que impiden considerar los servicios prestados como obtenidos de forma irregular, y que lo que sucede es que se factura al final del procedimiento porque el cobro de los servicios está fijado mediante arancel.

La Administración consideraba que al procurador debía de exigírsele un “esfuerzo probatorio adicional”. Entiende que debería de quedar probado por el contribuyente que, desde el momento del inicio del procedimiento hasta el final, el procurador presta sus servicios profesionales sin grandes interrupciones.

Sin embargo, el Tribunal Supremo rechaza los argumentos de la Administración Tributaria, e indica que en actividades económicas donde los ingresos se determinan por arancel no es exigible un esfuerzo probatorio adicional para aplicar la reducción.

2.El Tribunal Supremo considera que corresponde a la Administración Tributaria soportar la carga de la prueba para desvirtuar la consideración de las rentas como irregulares. Así, deberá demostrar que, aun generándose en más de dos años, existen  razones  para  excluir  el derecho a la reducción basadas en la habitualidad o regularidad de los ingresos en la actividad concreta del contribuyente.

Es decir, corresponderá a la Administración solicitar al contribuyente las facturas y las fechas de inicio de los procedimientos de ejercicios anteriores para determinar si existe una habitualidad en los periodos de maduración de los ingresos que impidan considerarlos como irregulares, pese a obtenerse en un periodo superior a dos años.

No aclara la sentencia, sin embargo, cual es el porcentaje de ingresos irregulares en proporción a los ingresos totales de cada uno de los ejercicios a partir del que se consideraría que existe una habitualidad o regularidad de los ingresos y que impediría aplicar la reducción.

En conclusión, esta sentencia puede ser de gran ayuda al colectivo de los procuradores en el caso de que se facture por procedimientos judiciales que han durado más de dos años y, en consecuencia, se aplique una reducción del 30 % en los ingresos de estos casos en la declaración de la renta, siempre y cuando no se trate de una situación habitual en cada uno de los ejercicios económicos.