Precisó por tanto que las reformas en materia de ejecución difícilmente pueden incorporarse en la vía de enmiendas al Real Decreto-ley 6/2023, que recoge aspectos de las leyes de eficiencia digital y procesal, ya que no es el objeto de este texto normativo. Fue en la Ley de Eficiencia Organizativa donde se plantearon estas enmiendas promovidas por la Procura, y que ahora vuelven a estar de nuevo sobre la mesa en la Proposición de Ley sobre la que está trabajando el Ministerio de Justicia.

Asumió que la inopinada publicación del Real Decreto-ley a finales de año ha podido generar cierto “desasosiego” e “inquietud”, pero insistió en que el contenido de este es fruto de un trabajo del Ministerio “de larga duración y muy intenso”, en el que han intervenido todos los órganos, todas las administraciones, todas las profesiones y todos los grupos parlamentarios. También reconoció que, como siempre ocurre, “no es una ley perfecta”, pero quiso transmitir “cierta serenidad y tranquilidad” en el sentido de que en el periodo de enmiendas que ahora se abre se podrán mejorar aquellos aspectos que sea necesario.

Su origen se remonta al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, que se gestó durante la pandemia del covid-19 para hacer frente a la ralentización de toda la actividad judicial. Los indicadores apuntaban a que iba a haber un aumento de la litigiosidad tanto por la necesidad de reagendar los asuntos que habían quedado suspendidos o aplazados como por el impacto socioeconómico de las medidas acordadas durante la pandemia: despidos, expedientes de regulación de empleo, sanciones impuestas por el incumplimiento del confinamiento, desahucios…

El Ministerio de Justicia se planteó entonces una transformación de las herramientas o estructuras que ya estaban disponibles pero que con el tiempo se había detectado que resultaban obsoletas o ya no eran tan operativas. No era solo cuestión de dotar a la Justicia con más medios o personal, o de elaborar planes de choque, sino de emprender una reforma integral desde tres planos: el digital, el organizativo y el procesal, lo que dio lugar a los tres proyectos de ley conocidos.

Con el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal se pretendían llevar a cabo reformas en todos los órdenes jurisdiccionales para dotarlos de mayor celeridad, sin merma de garantías y “exigiendo una mayor seguridad jurídica en la solución final”. Se consultaron muchas instituciones: comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, los consejos generales y colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de jueces… En total se presentaron 150 escritos de ciudadanos, asociaciones y organizaciones potencialmente afectadas por la norma. Según Yolanda Urbán, todos estos textos fueron analizados y, en la medida en la que se entendió que podían suponer una mejora, se incorporaron.

El 15 de diciembre de 2020 el Anteproyecto fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros. El 21 de enero de 2021 se abrió el trámite de información y audiencia pública, hasta el 11 de febrero. En ese tiempo se presentaron 130 escritos de alegaciones, que de nuevo fueron analizados, valorados y en algunos casos incorporados al texto.

Entre mayo de 2021 y marzo de 2022 se elaboraron los informes preceptivos de la Fiscalía, el CGPJ y el Consejo de Estado, aunque este último fue el que más se demoró paralizando los trabajos en el Ministerio. De nuevo, se analizaron sus observaciones y propuestas incorporándolas en su caso al texto. Aprobado en segunda vuelta en el Consejo de Ministros, el 12 de abril de 2022 se convierte en Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal. Durante su tramitación parlamentaria se recibieron 898 enmiendas, todas ellas analizadas junto con los informes de los distintos ministerios.

«Las condiciones que impone la aprobación de un real decreto, y la limitación en el ámbito material propia del mismo impidieron incorporar en los dos reales decretos la totalidad de las reformas procesales previstas en el proyecto inicial»

Cuando estas enmiendas se incorporan al texto, recordó la asesora, es de nuevo revisado por los letrados del Congreso de los Diputados. Finalmente, la ponencia del Congreso encargada de elaborar el borrador de informe lo presenta a la Comisión de Justicia el 20 de abril de 2023. Pero es en este momento, ya con todos los trámites mencionados cumplidos, cuando el 29 de mayo se anuncia la convocatoria anticipada de elecciones, se disuelven las Cortes Generales y decaen todos los proyectos legislativos.

Pese a esta situación, el Ministerio de Justicia se encuentra con la necesidad de sacar ciertas reformas procesales adelante porque muchas de ellas estaban asociadas al cumplimiento de ciertos hitos comprometidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia Europeo, de los que dependía la liberalización de los fondos Next Generation. Por eso se aprueba el Real Decreto-ley 5/23 de 28 de junio, conocido como ‘primer ómnibus’, con reformas como la de la casación en los distintos órdenes jurisdiccionales o las dedicadas a mejorar la conciliación de la vida personal y familiar de los profesionales de la Procura, la Abogacía, y los graduados sociales. El resto de reformas aparecen después en el Real Decreto-ley 6/2023 de 19 de diciembre.

Las condiciones que impone la aprobación de un real decreto, y la limitación en el ámbito material propia del mismo, según explicó Yolanda Urbán, impidieron incorporar en los dos reales decretos la totalidad de las reformas procesales previstas en el proyecto inicial. Por ello, el Ministerio de Justicia está trabajando ahora en el texto del borrador de la proposición de ley orgánica en la que se incluirá la eficiencia organizativa, con medidas como la implantación de los tribunales de instancia, la organización de la nueva oficina judicial o los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, entre otras.