El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el eurodiputado y vicesecretario general Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, escenificaron la rúbrica del acuerdo en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Trasparencia, Vera Jourová, quien declaró que “no es mi papel arbitrar”. Culminaba así un proceso tras varios intentos frustrados y cinco días antes del ultimátum dado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el sentido de que, si persistía el bloqueo, reformaría la ley para quitarle al CGPJ la competencia de elegir los jueces del Tribunal Supremo y a los presidentes de TSJ y audiencias provinciales.

Mientras que para Bolaños el acuerdo pone fin a “una anomalía democrática” que permite al CGPJ El acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ acaba con cinco años de bloqueo institucional trabajar “con plena legitimidad”, para González Pons garantiza que la Justicia sea “más independiente” e inicie “un camino alejada de la política y de los políticos”. El acuerdo arranca con la “renovación inmediata”, con la ley actual, de los 20 miembros del CGPJ, presentando una lista conjunta con 10 miembros propuestos por cada uno de los partidos, 12 de ellos procedentes de la carrera judicial, según marca la ley, y otros ocho juristas de reconocido prestigio, entre los que se no se encuentra ningún abogado ni representante de la Procura, generándose el consiguiente malestar en ambos colectivos.

El procurador Gabriel de Diego, ex decano de Madrid, estaba en la lista de los juristas de reconocido prestigio del Senado como vocal suplente. Luego sigue una proposición de ley, muy parecida a la que se había pactado en 2022 en un anterior intento fracasado de renovación, a fin de reforzar “la independencia del Poder Judicial” estableciendo que los jueces y fiscales que entren en política tengan límites a su vuelta a la carrera judicial. Una de las aparentes líneas rojas del Partido Popular, la modificación del sistema de elección de los vocales para dar más peso a la carrera judicial, se obvia de momento; según el texto pactado, se instará a que, “en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Consejo General del Poder Judicial deberá realizar un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos y una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado, con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan a la consideración de las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación”.

Desde que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió la intervención de la Comisión Europea como garante del pacto, y pese a que este estaba ya antes muy avanzado, han sido necesarios casi seis meses para llegar a la meta final. “El acuerdo ha sido garantizado por la Comisión Europea y eso para el PP es muy importante. Sin esta garantía, no habríamos firmado”, aseguró Esteban González Pons.

Desde los dos lados negociadores se recordó que la base de este compromiso eran los informes de 2022 y 2023 del Estado de derecho en los que la Comisión Europea, al analizar la situación de la Justicia en cada Estado miembro, constataba que España debía renovar el CGPJ para cubrir las 94 vacantes que hay en el Tribunal Supremo, tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales (donde más del 25 % de la plantilla de magistrados se ha jubilado o fallecido sin que hayan podido ser sustituidos), y que la Justicia volviera a funcionar con normalidad. Se dejaba para después reformar el método de elección de los vocales de acuerdo a los criterios de la Comisión de Venecia para reforzar la independencia judicial respecto de otros poderes del Estado. 

Como parte del acuerdo, se cubre también la vacante pendiente en el Tribunal Constitucional, de modo que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, será ocupada por José María Macías, hasta ahora vocal del CGPJ.

LARGO CAMINO DE DESENCUENTROS

En marzo de 2021, con dos años y medio del CGPJ prorrogado, el Gobierno impulsó una reforma legal para evitar los nombramientos de cargos judiciales cuando el CGPJ tuviera el mandato caducado, como ocurría entonces. La maniobra, que pretendía forzar al PP a desbloquear la situación, supuso en la práctica el bloqueo de nuevos nombramientos y la consiguiente situación precaria en los órganos judiciales, pero no hizo variar su postura a los populares.

Poco después el Ejecutivo cedió a las exigencias de Bruselas y anunció que retiraba la proposición de ley que contemplaba reducir la mayoría necesaria para elegir a los 12 vocales miembros de la carrera judicial del CGPJ. La vicepresidenta comunitaria Vera Jourová reclamó la retirada de esa reforma legal y que el órgano de gobierno de los jueces se renovara cuanto antes, pero de forma pactada.

La parálisis de nombramientos del CGPJ impactó de forma especial en el Tribunal Supremo, con casi un tercio de sus puestos vacantes. Así, la Sala de lo Contencioso Administrativo tenía 12 de sus 33 plazas de magistrado desocupadas, y la Sala de lo Social seis de sus 13 plazas.

En estos cinco últimos años además el CGPJ no ha dejado de estar de actualidad, desde el intento de renovación de noviembre de 2018 que saltó por los aires al filtrarse un mensaje del portavoz popular en el Senado sobre el nuevo presidente pactado entonces, el presidente de la Sala II del Tribunal Supremo Manuel Marchena, o la infructuosa dimisión en octubre de 2022 del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para forzar la renovación.