El acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ acaba con cinco años de bloqueo institucional

Con un documento que recupera muchos de los puntos que se habían incluido en el intento frustrado de 2022, las dos fuerzas parlamentarias mayoritarias firmaron en Bruselas el pasado 25 de junio el acuerdo que permite desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hacía más de cinco años. Cada uno de los grupos propuso diez vocales de la lista definitiva de 20 acordada.

 

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el eurodiputado y vicesecretario general Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, escenificaron la rúbrica del acuerdo en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Trasparencia, Vera Jourová, quien declaró que “no es mi papel arbitrar”. Culminaba así un proceso tras varios intentos frustrados y cinco días antes del ultimátum dado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el sentido de que, si persistía el bloqueo, reformaría la ley para quitarle al CGPJ la competencia de elegir los jueces del Tribunal Supremo y a los presidentes de TSJ y audiencias provinciales.

Mientras que para Bolaños el acuerdo pone fin a “una anomalía democrática” que permite al CGPJ El acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ acaba con cinco años de bloqueo institucional trabajar “con plena legitimidad”, para González Pons garantiza que la Justicia sea “más independiente” e inicie “un camino alejada de la política y de los políticos”. El acuerdo arranca con la “renovación inmediata”, con la ley actual, de los 20 miembros del CGPJ, presentando una lista conjunta con 10 miembros propuestos por cada uno de los partidos, 12 de ellos procedentes de la carrera judicial, según marca la ley, y otros ocho juristas de reconocido prestigio, entre los que se no se encuentra ningún abogado ni representante de la Procura, generándose el consiguiente malestar en ambos colectivos.

 

El procurador Gabriel de Diego, ex decano de Madrid, estaba en la lista de los juristas de reconocido prestigio del Senado como vocal suplente. Luego sigue una proposición de ley, muy parecida a la que se había pactado en 2022 en un anterior intento fracasado de renovación, a fin de reforzar “la independencia del Poder Judicial” estableciendo que los jueces y fiscales que entren en política tengan límites a su vuelta a la carrera judicial. Una de las aparentes líneas rojas del Partido Popular, la modificación del sistema de elección de los vocales para dar más peso a la carrera judicial, se obvia de momento; según el texto pactado, se instará a que, “en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Consejo General del Poder Judicial deberá realizar un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos y una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado, con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan a la consideración de las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación”.

Desde que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió la intervención de la Comisión Europea como garante del pacto, y pese a que este estaba ya antes muy avanzado, han sido necesarios casi seis meses para llegar a la meta final. “El acuerdo ha sido garantizado por la Comisión Europea y eso para el PP es muy importante. Sin esta garantía, no habríamos firmado”, aseguró Esteban González Pons.

Desde los dos lados negociadores se recordó que la base de este compromiso eran los informes de 2022 y 2023 del Estado de derecho en los que la Comisión Europea, al analizar la situación de la Justicia en cada Estado miembro, constataba que España debía renovar el CGPJ para cubrir las 94 vacantes que hay en el Tribunal Supremo, tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales (donde más del 25 % de la plantilla de magistrados se ha jubilado o fallecido sin que hayan podido ser sustituidos), y que la Justicia volviera a funcionar con normalidad. Se dejaba para después reformar el método de elección de los vocales de acuerdo a los criterios de la Comisión de Venecia para reforzar la independencia judicial respecto de otros poderes del Estado. 

Como parte del acuerdo, se cubre también la vacante pendiente en el Tribunal Constitucional, de modo que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, será ocupada por José María Macías, hasta ahora vocal del CGPJ.

LARGO CAMINO DE DESENCUENTROS

En marzo de 2021, con dos años y medio del CGPJ prorrogado, el Gobierno impulsó una reforma legal para evitar los nombramientos de cargos judiciales cuando el CGPJ tuviera el mandato caducado, como ocurría entonces. La maniobra, que pretendía forzar al PP a desbloquear la situación, supuso en la práctica el bloqueo de nuevos nombramientos y la consiguiente situación precaria en los órganos judiciales, pero no hizo variar su postura a los populares.

Poco después el Ejecutivo cedió a las exigencias de Bruselas y anunció que retiraba la proposición de ley que contemplaba reducir la mayoría necesaria para elegir a los 12 vocales miembros de la carrera judicial del CGPJ. La vicepresidenta comunitaria Vera Jourová reclamó la retirada de esa reforma legal y que el órgano de gobierno de los jueces se renovara cuanto antes, pero de forma pactada.

La parálisis de nombramientos del CGPJ impactó de forma especial en el Tribunal Supremo, con casi un tercio de sus puestos vacantes. Así, la Sala de lo Contencioso Administrativo tenía 12 de sus 33 plazas de magistrado desocupadas, y la Sala de lo Social seis de sus 13 plazas.

En estos cinco últimos años además el CGPJ no ha dejado de estar de actualidad, desde el intento de renovación de noviembre de 2018 que saltó por los aires al filtrarse un mensaje del portavoz popular en el Senado sobre el nuevo presidente pactado entonces, el presidente de la Sala II del Tribunal Supremo Manuel Marchena, o la infructuosa dimisión en octubre de 2022 del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para forzar la renovación. 

 

6 PUNTOS CLAVE

El acuerdo alcanzado en Bruselas tras múltiples reuniones se articula en 6 puntos:

Primero: tramitar por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que se adjunta como anexo I, donde se refuerzan las garantías de independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional; se mejoran las garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus funciones de promoción de la acción de la Justicia; se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación.

Segundo: renovar el CGPJ conforme a una lista conjunta de candidatos de perfil profesional e independiente que se adjunta como anexo II, que apoyarán los grupos parlamentarios firmantes en el Congreso y el Senado. También se incluye el candidato a la plaza vacante del Tribunal Constitucional que ha de nombrar el Senado. Las personas propuestas cumplirán ya los criterios de independencia e idoneidad establecidos en la Proposición de Ley Orgánica que se expone en el apartado anterior.

Tercero: ambos Grupos Parlamentarios se comprometen a presentar conjuntamente la Proposición de Ley adjunta como anexo I y no tramitar ni apoyar ninguna enmienda a esa Proposición de Ley Orgánica que no vaya firmada conjuntamente.

Cuarto: la Proposición de Ley Orgánica y los nombres de los candidatos propuestos al CGPJ se presentarán de forma conjunta en el registro de la Cámara que corresponda.

Quinto: los grupos parlamentarios ordenarán el calendario de tal manera que la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica en el Congreso, los candidatos a vocales de Consejo General del Poder Judicial en el Congreso y en el Senado, y el candidato a la vacante del Tribunal Constitucional se aprobarán en la misma semana del mes de julio, idealmente el mismo día.

Sexto: el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo será aquel que decidan los miembros del CGPJ, tal y como dispone la ley.

 

LOS 20 ELEGIDOS

De los 20 nuevos miembros, que tendrán un mandato de cinco años desde que tomen posesión y que serán elegidos por las Cortes Generales, 12 proceden de la carrera judicial y 8 son juristas de reconocida competencia, como marca la Ley. Del listado de los 12 vocales que son jueces o magistrados, ocho cuentan con el respaldo de las asociaciones judiciales: cinco de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y tres de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia.

Vocales propuestos por el Grupo Socialista

 

ÁNGEL AROZAMENA: Es magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde 2015. Considerado progresista, se presentó sin el respaldo de ninguna asociación. Ingresó en la carrera judicial en 1985. Al margen de la carrera judicial, fue vocal asesor del Gabinete de Presidencia del Gobierno con Felipe González durante cuatro años, y entre 2007 y 2009 fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero. De ahí pasó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, hasta que fue nombrado magistrado del Alto Tribunal. Previamente había ejercido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1990-1996) y había sido magistrado del Gabinete Técnico del Supremo (1996-2007). También tiene experiencia docente.

ESTHER ERICE: Ingresó en la carrera judicial en 1986 y preside la Audiencia Provincial de Navarra desde 2010 (la primera mujer en ocupar este puesto). Llegó a la citada Audiencia en 1989 después de ejercer en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Azpeitia (Guipúzcoa) y Tafalla (Navarra), e Instrucción en Pamplona. Está asociada a Juezas y Jueces para la Democracia , y vinculada a la Universidad Pública de Navarra.

 

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO: Asociado a Juezas y Jueces para la Democracia, ingresó en la carrera en 1991 y es juez de lo Mercantil de Barcelona, pionero en elevar los desahucios y las cláusulas hipotecarias abusivas a los tribunales europeos. Su actuación saltó a la prensa en 2013 tras plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que abrió las puertas a que los jueces españoles pudieran paralizar los desahucios.

 

CARLOS HUGO PRECIADO : Miembro de la lista de candidatos de Juezas y Jueces para la Democracia, ha sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y actualmente y desde 2023 es letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Juez desde 2007, ejerció en los juzgados de Valls y Reus. En su día fue propuesto por Unidas Podemos, y en esta ocasión por Sumar. Fue premio extraordinario de doctorado, de fin de máster, y premio al Mérito de la Justicia Social. Analista de jurisprudencia de tribunales nacionales e internacionales, es profesor asociado de Derecho Penal de la Universitat Rovira i Vigili. También ha publicado dos libros de poesía.

LUCÍA AVILÉS: Titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró y experta en violencia de género, es una de las socias fundadoras y vocal de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE). En sus resoluciones ha solicitado la inclusión de la violencia económica como maltrato machista y ha sido pionera en el dictado de resoluciones que protegen a los menores de la violencia vicaria. También es afiliada a Juezas y Jueces para la Democracia.

 

 

INÉS HERREROS: Expresidenta de la Unión Progresista
de Fiscales y ex vocal del Consejo Fiscal. Ha sido fiscal en Las Palmas y en la actualidad es fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Elegida a propuesta de Sumar. Miembro de la carrera fiscal desde 2004, obtuvo su primer destino en Las Palmas de Gran Canaria.

BERNARDO FERNÁNDEZ: Diputado por el PSOE en el Principado de Asturias desde 1982 hasta 1995, llegó a ocupar la vicepresidencia del Gobierno asturiano y las consejerías de Presidencia de Interior y Administraciones Públicas. Presidió el Consejo Consultivo del Principado desde 2006 hasta 2018. Es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oviedo.

ARGELIA QUERALT:  Letrada del Tribunal Constitucional.
Es doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona. Especializada en derechos y libertades fundamentales en Europa y América Latina, ha realizado investigaciones también sobre los derechos de participación política, el feminismo jurídico y el constitucionalismo digital.

RICARDO BODAS:  Magistrado jubilado en 2022 de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, fue presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional antes de llegar al Tribunal Supremo en 2019. Estuvo afiliado a Juezas y Jueces para la Democracia. Su carrera arrancó en la Abogacía hasta que ingresó en la carrera judicial en 1990. Estuvo destinado al Juzgado de lo Social número 28 de Barcelona. En abril de 1992 tomó posesión como titular del Juzgado de lo Social número 31 de Madrid, en el que permaneció 17 años. Fue tres años director general de Relaciones con la Administración de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

LUIS MARTÍN CONTRERAS: Letrado de la Administración de
Justicia, actualmente destinado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Antes fue secretario de gobierno de la Audiencia Nacional y también estuvo destinado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo tribunal. Es además profesor asociado de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III de Madrid. Fue uno de los promotores de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales.

Propuestos por el Grupo Popular

JOSÉ MARÍA PÁEZ:

Juez decano de Málaga desde 2009 y durante cuatro mandatos. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en 2017 se significó en las protestas de los jueces y funcionarios que se opusieron al plan del CGPJ para especializar juzgados ante el aluvión de pleitos por cláusulas hipotecarias abusivas. Ha estado destinado en Sueca, Huércal-Overa, Utrera, Lleida y Torremolinos.

JOSÉ CARLOS ORGA:

Magistrado de la Audiencia Provincial de Logroño, miembro de la APM. Fue juez decano de Logroño antes de acceder a la presidencia de la Audiencia Provincial. Ingresó en la carrera judicial en 1999 y su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cervera (Lleida), donde permaneció hasta diciembre de 2002. Ha impartido cursos de formación a jueces y fiscales en materia de violencia de género.

JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ MEDIAVILLA: Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca desde 2012, avalado por la APM. Ingresó en la carrera judicial en 1991, recalando en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lerma (Burgos). Tras varios destinos, en 2010 llegó a la Audiencia Provincial de Cuenca. Entre 2007 y 2010 fue juez decano de Guadalajara.

ESTHER ROJO: Presidenta desde 2019 de la Audiencia Provincial de Valencia, y miembro destacado de la APM en la Comunidad Valenciana. Ingresó en la judicatura en 1996. Ha sido profesora de derecho procesal penal y ha participado en numerosas actividades de formación, tanto en el ámbito de la Escuela Judicial como en los planes de formación del CGPJ.

 

 

GEMA ESPINOSA:  Magistrada en excedencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y exdirectora de la Escuela Judicial entre 2013 y 2018. Afiliada a la APM, ingresó en la carrera judicial en 1989. Ha estado destinada en los juzgados de Reinosa, Lerma, Baracaldo, Santa Coloma de Gramenet y Barcelona. Está casada con el magistrado del Tribunal Supremo e instructor del ‘procés’ Pablo Llarena.

ISABEL REVUELTA: Letrada de Cortes, en marzo de este año había sido nombrada directora de Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Senado. Antes había formado parte de la Comisión de Justicia del Congreso que firmó uno de los informes que cuestionaba parte de la Ley de Amnistía en su primera y fallida tramitación, y fue secretaria general técnica en el Ministerio de Defensa con el popular Federico Trillo.

JOSÉ ANTONIO MONTERO: Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde 2009, avalado también por la APM. Ingresó en la Carrera Judicial en 1984 y tuvo su primer destino en Sanlúcar la Mayor (Sevilla). En 1988 se convirtió en magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), donde permaneció hasta su nombramiento para el Tribunal Supremo. Desde su ingreso en la Sala Tercera del alto tribunal ha estado destinado en la Sección Segunda, que se ocupa de los asuntos en materia de derecho tributario. Es abogado fiscal excedente y secretario judicial excedente.

ALEJANDRO ABASCAL:  Actualmente estaba destinado en comisión de servicios en la Audiencia Nacional. Es juez de refuerzo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después de haber sido responsable del Juzgado Central de Instrucción número 1 y haber actuado como magistrado de refuerzo durante dos años en el número 6, dirigido por Manuel García-Castellón, donde instruyó causas como el ‘caso Villarejo’ o ‘Tsunami Democratic’. También avalado por la APM, tiene su plaza en el Juzgado de Instrucción número 4 de Fuenlabrada.

JOSÉ LUIS COSTA: Presidente del Consello Consultivo
de Galicia, ejerció como magistrado en el Tribunal Superior de Galicia hasta 2008, del que fue su presidente, cuando fue nombrado primero consejero y después presidente del citado Consello. El Parlamento de Galicia, durante la segunda legislatura de Alberto Núñez Feijóo, le propuso sin éxito como magistrado del Tribunal Constitucional con los votos del PP. También fue juez decano de Pontevedra y estuvo destinado en Ibiza y La Estrada.

PILAR JIMÉNEZ: Fiscal superior de Cantabria desde 2015 y miembro de la carrera fiscal desde 1985, antes pasó por las fiscalías de Sevilla, Bilbao y Santander, donde ejerció responsabilidades en violencia de género, menores y finalmente como teniente fiscal hasta ser nombrada fiscal superior de Cantabria con el apoyo de los vocales de la conservadora Asociación de Fiscales.

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