El Colegio madrileño celebra el “significativo avance” que supone el acuerdo de legislatura 2024-2027 para reforzar la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio alcanzado con la Comunidad de Madrid, refrendado en un acto entre el decano Alberto N. García Barrenechea y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a los decanos de los colegios de la Abogacía de Madrid y Alcalá de Henares.

Isabel Díaz Ayuso subrayó que la Comunidad de Madrid es la primera región de España en poner en marcha el servicio público gratuito de facilitadores judiciales, para asegurar que todas las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder a estos procesos en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos. Madrid también ha puesto en marcha el Servicio de Representación Procesal para garantizar gratuitamente un procurador a las víctimas de violencia contra las mujeres y los delitos de odio.

El decano de Madrid agradeció el compromiso y disposición del Gobierno autonómico “para dignificar el servicio a la ciudadanía que presta la Procura”. En el acuerdo se establece un plan de Acción a 4 años (2024-2027) que va suponer un crecimiento estimado del presupuesto de un 28,95 %, con aumento de la inversión hasta los 66,6 millones de euros en 2027, casi un 30 % a lo largo de la legislatura, sin perjuicio de las cantidades que haya que sumar en concepto del incremento de actividad que pueda producirse a consecuencia de situaciones coyunturales.

Algunas de las medidas acordadas son:

Subida progresiva de baremos. En el ejercicio 2024, subida de baremos de designaciones civiles y penales a 50 euros. En los ejercicios 2025- 2026-2027, las designaciones penales y civiles pasarán de 50 euros en 2024, a 56 euros en 2027; las apelaciones penales y civiles pasarán de 40 a 46 euros en 2027, y el módulo de violencia de género ascenderá de 75 euros en 2024, a 81 euros en 2027.

Creación de nuevos baremos: en 2024 se crearán los baremos de sustitución, violencia de género, doble condición acusación y defensa, y doble condición demandante y demandado.

En el ejercicio 2024, la Comunidad de Madrid tramitará un nuevo Proyecto de Decreto de Asistencia Jurídica Gratuita con el fin de adaptar la regulación a la situación actual y simplificar el procedimiento de concesión del derecho.

Asimismo, En el acto celebrado en la Real Casa de Postas de la capital, Isabel Díaz Ayuso firmó el documento con los decanos de los colegios de Procuradores, Alberto N. García Barrenechea; de la Abogacía, Eugenio Ribón; y abogados de Alcalá de Henares, Ángel Llamas. se simplificará el formulario de solicitud y se adaptará para hacer realidad el expediente electrónico y su tramitación telemática.

Cerca de 86.000 personas se beneficiaron el año pasado en la región de este derecho recogido en la Constitución, un 4,4 % más que en el periodo anterior. Los expedientes registrados más numerosos estaban relacionados con el orden penal (60 %), civil (24 %), contencioso-administrativo (8 %) y social (7 %).

ISLAS CANARIAS

Por otra parte, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, firmó el pasado 7 de noviembre con el Consejo Canario de Colegios de Procuradores y los colegios de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas un incremento del 30 % en el baremo del turno de oficio, “una reivindicación justa que hoy se desbloquea”, aseguró la representante del Ejecutivo.

“El acuerdo reconoce la labor tan importante que realizan estos profesionales en el turno de oficio, un servicio esencial para la ciudadanía más vulnerable, y debe compaginarse la tutela judicial efectiva con una retribución digna de los profesionales que lo ejercen”, añadió Nieves Lady Barreto.

Esta subida de los baremos se realizará en tres plazos: un 15 % en 2025, un 7 % en 2026 y un 8 % en 2027. La primera parte se recibirá a partir de enero del próximo año.

La última actualización del baremo del turno de oficio se llevó a cabo en 2019 y consistió en recuperar las cuantías que se habían reducido en 2012 por necesidades de estabilidad presupuestaria, “pero han pasado los años y no se había realizado ninguna mejora”, recordó la consejera. “Entendemos que es de justicia que se actualicen unos baremos que, desde hace años, no responden al coste real de los servicios y supone una importante pérdida de poder adquisitivo” de los 401 procuradores del turno de oficio. El siguiente paso será también mejorar el sistema de pago para que no se demoren los abonos.

Tanto la presidenta del Consejo Canario de Procuradores y decana del Colegio de Santa Cruz de Tenerife, Gloria Oramas, como la decana del Colegio de Las Palmas, Paloma Guijarro, coincidieron en agradecer la “cercanía y predisposición” mostrada por la Consejería para reconocer el trabajo que hacen estos profesionales y que la ciudadanía tenga un mejor servicio de Justicia.