La Junta de Andalucía quiere garantizar que las víctimas de violencia de género estén representadas por un procurador en todas las fases del procedimiento judicial, aunque no sea obligatorio, con el objetivo de que estos profesionales se encarguen de la comunicación con los órganos judiciales y les eviten trámites y desplazamientos a los juzgados que provocan una doble victimización.

Para ello, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública firmó el pasado 5 de noviembre un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores que asumirá la distribución entre los colegios provinciales de los fondos, un total de 255.000 euros anuales, con los que se abonarán estas actuaciones a los profesionales. Se pretende así agilizar la llegada de los recursos a los procuradores y dar estabilidad a la financiación de esta asistencia integral a las víctimas.

El nuevo convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores –integrado por los colegios de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla– supone que el Consejo asume la gestión de la subvención y la entrega y distribución de los fondos públicos a los colegios beneficiarios. El año pasado 5.036 mujeres se beneficiaron de esta
asistencia.