Isabel Perelló (Sabadell, 1958, aunque criada en A Coruña), la primera mujer en desempeñar este cargo en los 44 años de existencia del CGPJ, ingresó en la carrera judicial en 1985 como número 4 de su promoción y ocupó destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón (Menorca) y en la Audiencia Provincial de Barcelona. Magistrada especialista de lo contencioso- administrativo desde 1991, ha trabajado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (1991-1992) y en la de la Audiencia Nacional (1993-1994 y 2001-2009). También ha sido letrada en el Tribunal Constitucional (1994-2001). Desde 2009 era magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

16 de los 20 vocales del Pleno del CGPJ la habían elegido el 3 de septiembre para encabezar la institución, frente a los 4 votos recibido por la magistrada de la Sala II del Tribunal Supremo Ana María Ferrer, cuyo nombre aparecía en todas las quinielas publicadas en las semanas anteriores al nombramiento. Ambas pertenecían a la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia.

Como magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Isabel Perelló había dictado sentencias en materias como competencia, instalaciones de energías renovables, regulación eléctrica, órganos reguladores, contratos administrativos y Seguridad Social, entre otras. Ha participado en diversos cursos, tanto dentro como fuera de España, sobre derecho constitucional, derecho administrativo comparado, telecomunicaciones y jurisprudencia constitucional, así como en encuentros organizados por el CGPJ y por la Diputación de Barcelona sobre derecho del deporte, derecho sancionador o autonomía local, entre otras materias.

Es coautora de varias obras y ha colaborado en el libro “La Europa de los Derechos: el Convenio Europeo de los Derechos Humanos”, editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

APERTURA AÑO JUDICIAL:

El calendario hizo que un día después de su nombramiento tuviera que intervenir en el acto de apertura del Año Judicial. Era la primera mujer en dar ese discurso en representación de toda la carrera judicial, algo que para ella era “un paso más” en el reconocimiento de la labor de las mujeres en la Administración de Justicia, un proceso en el que aún “queda mucho camino por recorrer”, pues las juezas y magistradas siguen siendo minoría en los puestos más altos pese a que son ya una mayoría consolidada en la carrera judicial: suponen un 57 % del total de la judicatura, porcentaje que sube hasta 73 % en la última promoción.

Isabel Perelló no se olvidó de agradecer y reconocer el legado de todas las mujeres de nuestro país que a lo largo de la historia “han luchado por la defensa del derecho a la igualdad y por acabar con la inmerecida invisibilidad a la que se han visto sometidas las mujeres en los distintos ámbitos de la vida profesional y social”.

Yendo a la esencia del Poder Judicial, en su intervención alertó de la necesidad de evitar “ataques injustificados” que puedan “socavar la legitimidad y la reputación” de la Administración de Justicia o de sus integrantes, y de salvaguardar “la independencia judicial frente a posibles injerencias externas”. Los jueces, dijo, siguen trabajando “con total entrega en la aplicación de la ley frente a cualquiera y en cualquier circunstancia”. Por eso hizo un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y al resto de poderes “para que respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan”. Ningún poder del Estado, aseguró, les “puede dar indicaciones ni instrucciones” sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico.

A este aviso, sin embargo, añade un reconocimiento: el llamamiento a respetar el trabajo del Poder Judicial “no significa que debamos ser inmunes a la crítica, que, precisamente, nos ayuda a mejorar”. “El derecho a la discrepancia es posible, habitual, incluso podría decirse que es inherente al debate jurídico. Pero críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto”, agregó.

La nueva presidenta del órgano de gobierno de la judicatura, que tiene fama de defensora del acuerdo y del consenso, cree que los cinco años difíciles derivados del retraso en renovar el CGPJ “no nos han sumido en el desánimo”. “Los jueces y juezas de este país  aseveró hemos seguido trabajando con total entrega en la aplicación de la ley frente a cualquiera y en cualquier circunstancia, porque en un Estado democrático y de derecho nadie está por encima de la ley”.

DEDICACIÓN Y COMPROMISO:

Isabel Perelló elogió “la incansable dedicación y el compromiso demostrados por el Poder Judicial” pese a las dificultades vividas en los últimos tiempos, ya que, en un contexto sumamente complicado, sus integrantes y todo el personal al servicio de la Administración de Justicia “han desempeñado sus funciones con una dedicación y esmero ejemplares” y “han trabajado sin descanso para minimizar el impacto adverso de estas dificultades sobre la ciudadanía, nuestras instituciones y la sociedad en general”.

El CGPJ, garantizó, está “preparado para afrontar los numerosos desafíos” que la Justicia tiene por delante, por lo que es “esencial” llevar a cabo la “ingente labor que le corresponde de proveer las vacantes existentes con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad”.

El primero de estos nombramientos, y por unanimidad de los vocales, fue el del también miembro de la Sala Tercera Dimitry Berberoff como vicepresidente del Tribunal Supremo. El magistrado había sido letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entre 2007 y 2010, miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE) del CGPJ y es autor de numerosas publicaciones sobre esta materia. El nombramiento se interpretó como una apuesta de la presidenta por reforzar dimensión europea del Tribunal Supremo. A Berberoff se le atribuye además un profundo conocimiento del funcionamiento del alto tribunal, ya que fue director de su Gabinete Técnico entre 2014 y 2018 y desde 2019 era miembro electo de su Sala Gobierno.

Otros nombramientos impulsados por Isabel Perelló fueron los de la vocal Esther Erice como nueva presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, y de la también vocal Isabel Revuelta para encabezar el Foro Justicia y Discapacidad. El Consejo General del Procuradores forma parte de ambas organizaciones.

NUEVAS COMISIONES Y VACANTES:

El nuevo ambiente de consenso dentro del CGPJ se puso de manifiesto con la aprobación por unanimidad y a propuesta de la presidenta de la composición de las cinco comisiones legales previstas en el artículo 595.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: Permanente, de Calificación, Disciplinaria, de Asuntos Económicos y de Igualdad. El Pleno también acordó la constitución y composición de otras cuatro comisiones: de Estudios e Informes, de Escuela Judicial, de Relaciones Internacionales y de Modernización e Informática.

Isabel Perelló felicitó a los vocales por los acuerdos alcanzados “gracias al esfuerzo, la dedicación y la generosidad mostrada por todos ellos”, ya que ello “permitirá al Consejo trabajar con eficacia y afrontar la importante labor que tiene por delante”. También expresó su confianza en que el consenso y la cordialidad presidan la actividad del CGPJ y se conviertan en la seña de identidad de este nuevo mandato, destacando que son muchas las expectativas depositadas en la institución y que sus miembros deben afrontar sus obligaciones y responsabilidades con sentido institucional.

«Isabel Perelló alertó de la necesidad de evitar “ataques injustificados que puedan socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o de sus integrantes, y de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas”

En su gestión cabe anotarse también el acuerdo del Pleno del CGPJ del pasado 23 de octubre para crear dos nuevas comisiones, con el fin de atender “de modo eficaz y coordinado” las áreas de trabajo que no quedaban dentro de las competencias de las comisiones ya establecidas. La primera de ellas se ocupa de los asuntos relacionados con la carrera judicial: cargas de trabajo, determinación de los criterios para la fijación de esas cargas, retribuciones, protección social, salud y riesgos laborales, condiciones en materia de jubilaciones, relaciones con las asociaciones judiciales, relaciones con la Mutualidad General Judicial y coordinación del CGPJ con las distintas jurisdicciones y especialidades.

La segunda comisión asume los asuntos institucionales con la coordinación, el estudio y la elaboración de propuestas a la Comisión Permanente o al Pleno de las relaciones con otras instituciones y organismos del Estado, como las comunidades autónomas o locales, sin perjuicio de las funciones de representación propias de la presidencia del CGPJ. También realizará estudios y análisis en materia de asilo y extranjería, gestionará el Portal de Transparencia del CGPJ y tendrá funciones de coordinación y seguimiento en materia de mediación y arbitraje.

Las vicisitudes del anterior CGPJ y los años que ha estado en funciones dejaron una preocupante tasa de puestos vacantes sin cubrir. Por eso, otra de las primeras decisiones del nuevo Pleno ha sido convocar cuatro plazas de presidencia de salas del Tribunal Supremo y un total de 51 plazas vacantes en distintos órganos judiciales, de las que 16 corresponden a plazas de magistrados y magistradas en el Tribunal Supremo, incluyendo también las presidencias de la Audiencia Nacional, de cinco tribunales superiores de Justicia y de diez audiencias provinciales.

Asimismo se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo para la preparación y elaboración de un informe al objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los consejos de la magistratura análogos al CGPJ español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados. Se daba así cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La disposición adicional señalaba que, en el plazo de seis meses, el CGPJ debía elaborar dicho informe y la propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados “aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución, que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos”.

El texto añade que la propuesta “será trasladada al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación”. El nuevo CGPJ también ha constituido un grupo de trabajo para el estudio y análisis de las implicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) en el ejercicio de la función jurisdiccional, y explorar y guiar el impacto de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, así como de los crecientes usos que se están implementando en la Administración de Justicia, y abordar los retos y preocupaciones éticas que se derivan de las soluciones basadas en esta tecnología.