Como explica la RAE, debemos entender por lenguaje claro (también conocido como lenguaje llano, ciudadano o directo) el que transmite de manera entendible a toda persona, y sin dificultad, los mensajes que se desea comunicar, para facilitar su comprensión y las correctas vinculaciones en la sociedad. Y en especial, aquellos mensajes emanados desde los órganos del Estado en todos los documentos, incluidas las leyes, para su correcto cumplimiento o ejecución. Se trata de que toda la ciudadanía pueda participar y ejercer plenamente sus derechos, para lo que se necesita contar con información veraz, completa, actualizada y, además, comprensible. El derecho a recibir información adquiere una nueva dimensión y se manifiesta como el derecho a comprender, que a su vez permite el derecho a participar en la sociedad aplicando el principio democrático que lleva a la igualdad, la inclusión y la construcción de una sociedad con mayor justicia social.

«Utilizar un lenguaje claro posee impactos positivos tanto para el Estado como para los ciudadanos: aumenta los niveles de confianza hacia las instituciones, incrementa la eficiencia en el uso delos recursos, promuevela transparencia…»

 

Utilizar un lenguaje claro, entienden los promotores de esta iniciativa, posee impactos positivos, tanto para el Estado como para los ciudadanos: aumenta los niveles de confianza hacia las instituciones, fomenta el ejercicio efectivo de rendición de cuentas, incrementa la eficiencia en el uso de los recursos, promueve la transparencia y la probidad, y facilita el acceso a la información pública y a la participación ciudadana, entre otros.

La iniciativa no puede ser más acertada, porque no puede haber instituciones democráticas sanas y transparentes si no son capaces de comunicarse con todos los ciudadanos a través de un lenguaje claro, accesible y eficaz. 

El objetivo básico de esta Red Panhispánica es promover un consenso sobre los estándares de cómo debe ser este lenguaje, que propondrán la RAE y sus academias hermanas, con el fin de que puedan ser adoptados por los distintos organismos del Estado en la redacción de normas y documentos públicos, así como por las instituciones y entidades privadas en sus comunicaciones con los ciudadanos. Para ello se elaborará una Guía, cuyo borrador se presentó en la primera convención de la Red, celebrada el pasado mes de mayo en Madrid.

Se atenderán también cuestiones como la vigilancia, las actuaciones para reconocer el uso del lenguaje claro, la certificación y, en su caso, la reconvención cuando proceda.  No parece casualidad que el gran impulso que ha tomado esta iniciativa se haya producido durante el mandato de un jurista como Santiago Muñoz Machado en la dirección de la RAE. Habrá que estar muy atentos a las recomendaciones que se acuerden en el seno de esta Red Panhispánica, ya que el fin último es que todos podamos incorporarlas para una mejor comprensión de nuestras comunicaciones corporativas y profesionales.