Claro mensaje al legislador:

HAY QUE APROVECHAR

LAS REFORMAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN

El presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, tras reconocer que si bien la aparición del Real Decreto-ley en diciembre había sido “una sorpresa para todos”, expresó su confianza en que jornadas de análisis como la organizada por la Procura sirvan para profundizar en su estudio y se puedan presentar enmiendas que hagan “bastante mejor” esta ley, a la que puso algunas objeciones.

Dos precisiones importantes: los procuradores echan de menos alguna consideración referente a la ejecución, ya que “todos sabemos” los problemas de esta fase del proceso en España y “cómo planteamos los procuradores que debería resolverse el problema”. La profesión considera también que debería salir reforzada a través de esta ley en su protagonismo en los actos de comunicación.

Estévez rememoró que el confinamiento por el covid19 supuso un hito histórico y un cambio sociológico importante, también en el modo de operar de la Administración de Justicia, apareciendo con intensidad unos juicios telemáticos que “ya no se van a ir de nuestras vidas”, como demuestra el Real Decreto ley. Pero en su opinión, las tecnologías tienen que estar al servicio del proceso, y no al revés, de ahí la importancia de estudiar cómo han de celebrarse los procesos, hacerlos más eficientes, y valorar si las vistas telemáticas deben primar sobre las presenciales o viceversa.

“Está claro que en el Real Decreto-ley priman las telemáticas, pero no sé si es el camino más adecuado”, discrepó.

También consideró que se ha otorgado un “excesivo protagonismo” al Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia (CTEAJE) a la hora de decidir en cuestiones que exceden lo meramente técnico. “Y como profesional procurador, en el Real Decreto ley echamos de menos el reconocimiento a los profesionales; de alguna manera, no sé cómo, pero parece que a los profesionales liberales de la Administración de Justicia no se nos considera como debería”.

“Está claro que en el Real Decreto ley priman las telemáticas, pero no sé si es el camino más adecuado”, discrepó.

También consideró que se ha otorgado un “excesivo protagonismo” al Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia (CTEAJE) a la hora de decidir en cuestiones que exceden lo meramente técnico. “Y como profesional procurador, en el Real Decreto ley echamos de menos el reconocimiento a los profesionales; de alguna manera, no sé cómo, pero parece que a los profesionales liberales de la Administración de Justicia no se nos considera como debería”.

En cuanto a Carpeta Justicia, mostró su preocupación de que alguien interprete, tal como está redactada la ley, que pueda llegar a producir efectos procesales. “Creo que eso está en la mente de todos que sería indeseable”, ya que a su juicio solo debe producir “efectos informativos, y en todo caso, como mucho, administrativos, pero jamás procesales”.

OPORTUNIDAD:

Incidiendo en el mensaje del presidente del Consejo General de Procuradores, Alberto García, decano del Colegio de Madrid, considera que el Real Decreto ley “es una oportunidad” para la Procura que necesita ser enmendado.

También echa de menos no oír más a menudo la palabra “procurador” cuando se está hablando de digitalización y eficacia, ya que “nosotros hemos demostrado en el tiempo que somos las personas que más se han digitalizado en el uso de la Justicia” y que más han contribuido para su avance. “Evidentemente la Administración contribuye con todas las mejoras telemáticas de funcionamiento, pero el eje conductor de esas mejoras que plantea el Ministerio siempre ha sido la Procura”, reflexionó. Si se constata que la ejecución es ahora “un sistema fallido”, cuando se acometen modificaciones legislativas como las incluidas en el Real Decreto ley es el momento de “ser valientes” y tomar medidas, explicando al colectivo de letrados de la Administración de Justicia que el modelo que propone la Procura no “es ponernos en su silla”, sino “a su lado”: “donde no llegue él llegaremos nosotros”.

Ahondando en esta idea, se refirió a que la capacidad de certificación de los procuradores “tiene que ir mucho más allá” también en los actos de comunicación, para que su participación sea la norma general y no la excepción. El Colegio de Madrid dispone de un servicio de actos de comunicación y de todos los que ha realizado “no hay ni uno” que se haya impugnado o declarado nulo, “porque somos profesionales, expertos juristas procesalistas”.

Y lo mismo para los lanzamientos, “no hace falta que vaya al servicio común de notificaciones, yo tengo capacidad de certificación, yo soy la parte, yo puedo avanzar en eso también”. Si además los colegios profesionales son entidades especializadas para la realización de bienes embargados, “aprovechemos todo ese tipo de situaciones en las que tenemos prioridades, y sobre todo tenemos formación”.

Se trata de compaginar los necesarios avances telemáticos con la “realidad social” de los órganos judiciales, y “la mejor forma es a través de las personas que estamos todo el día en los juzgados. Los únicos operadores jurídicos que vemos los dos ámbitos, el judicial y el extrajudicial, somos los procuradores y los letrados, pero evidentemente los letrados no van todos los días”. “Vamos a darles esa oportunidad a profesionales expertos para que puedan ayudar en esa doble vía: la digitalización y la eficacia.

 Dadnos un papel preponderante en esto que veréis que no os vamos a fallar, sin ninguna duda”, aseguró el decano de Madrid.

Y en sentido parecido, la decana del Colegio de Las Palmas, Paloma Guijarro, aprovechó su intervención ante la asesora del Ministerio de Justicia para reclamar la necesidad de reforzar la intervención de la Procura en materia de ejecución.

Así, recordó los tres pilares identificados por la Comisión Europea que determinan si un sistema judicial es eficaz: la eficiencia, que se mide por conceptos tales como la duración de los procesos, la tasa de resolución y número de asuntos pendientes; la calidad, con indicadores sobre la accesibilidad, formación, presupuestos, recursos humanos e innovación y digitalización; y la independencia, cuyas estadísticas valoran la percepción de la independencia judicial entre la población general y las empresas y las salvaguardias legales y del propio sistema que garantizan la independencia de los jueces.

DATOS OBJETIVOS:

Paloma Guijarro constató “con datos objetivos y contrastables” la contribución “extraordinaria” de los procuradores a la mejora de esos tres pilares. La tasa de congestión resultante del movimiento de asuntos donde la intervención del procurador es obligatoria es un 18 % menor que cuando la figura del procurador es potestativa. Más datos: la duración media de los asuntos donde la figura del procurador es obligatoria es un 38 % menor. Por otro lado, España sigue siendo el único país de Europa que no cuenta con la participación de profesionales liberales a quienes se encomiendan las acciones destinadas a satisfacer el crédito reconocido en sentencia, con una tasa de éxitos del 25 %, solo por encima de Grecia, de las más bajas de Europa (en el lado contrario, Bélgica tiene un 72 %).

Ante este estado de cosas, y teniendo “un colectivo de profesionales con una capacidad jurídica, experiencia y solvencia acreditadas durante muchos años”, la decana de Las Palmas se quejó porque “no se haya contado con la participación de los procuradores para la ejecución”, aunque mostró su esperanza en que las propuestas del Consejo General de Procuradores “sigan adelante y sean estimadas.”