Todos los colectivos que trabajan en la Administración de Justicia deben reinventarse, opinó, sin prescindir de sus principios tradicionales de actuación, dado que estamos ante “un escenario nuevo y por tanto el papel y labor de cada uno de nosotros tiene necesariamente que cambiar”. Lo bueno, argumentó, es que “estamos yendo de la mano” en multitud de foros, lo que va a permitir “que esa reinvención, esa reinterpretación, se realice de manera ensamblada y que todos juntos consigamos poner nuestro grano de arena en llevar la Justicia al lugar que se merece” en el siglo XXI.

Reiteró el compromiso del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con los profesionales, como dijo expresamente el titular del departamento, Félix Bolaños, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados el pasado diciembre, en la que habló entre otras cuestiones de dignificar los colectivos que actúan ante la Administración de Justicia, ampliar el acceso a la justicia gratuita, e incluso anunció la redacción de una nueva Ley de asistencia jurídica gratuita en sustitución de la actual de 1996.

Manuel Olmedo se refirió también a las mejoras introducidas en las últimas reformas procesales para la conciliación de los profesionales de la Procura y la Abogacía, tanto en el Real Decreto-ley 6/2023 como en el 5/2023 aprobado en julio, o anteriormente con la declaración de inhabilidad del periodo navideño. Estas pasadas navidades, recordó, y a fin de facilitar “la tarea de todos”, especialmente de los procuradores, se ha conseguido por primera vez la notificación escalonada a lo largo de cinco días de todas las resoluciones (unos 2,7 millones de notificaciones).

Por todo ello, insistió el secretario de Estado, en “correspondencia y agradecimiento” a esa colaboración que ha desarrollado la Procura, “pero también porque es nuestra función”, el Ministerio está en sintonía con la profesión tanto en las reformas en principio más pequeñas, por ejemplo las referidas a conciliación en las que solo hay que modificar algún artículo o el párrafo de una ley, como en las más importantes.

Volviendo al Real Decreto-ley 6/2023 objeto de la jornada, explicó que la parte procesal obedece en buena medida a la tramitación de la Ley de Eficiencia Procesal, y aunque defendió el “acierto” de su regulación ya que va “en la buena línea”, no deja de ser “una reforma procesal más” a la que los juristas se ven sometidos cada cierto tiempo. Enfatizó sin embargo la importancia “singular” de la parte digital, “no sé si decir histórica”, porque después de la derogación de la ley 18/2011, la primera norma que regulaba la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Justicia, este nuevo avance legislativo “da carta de naturaleza” a muchas de las experiencias y proyectos piloto que se han venido desarrollando en los últimos años, en especial a partir de la pandemia.

El objetivo es, aseguró Manuel Olmedo, permitir que la Justicia “realmente se incorpore al siglo XXI” siendo “más cercana, más útil, más accesible, más moderna”, dotando además de seguridad jurídica a muchas prácticas que se venían realizando de manera diferente dependiendo de los juzgados, de los órdenes jurisdiccionales e incluso de los territorios. Si la pandemia obligó a “echar mano de la creatividad”, y realizar cosas que tenían “un amparo legal pero reducido” o ambiguo, gracias a la nueva norma “tenemos criterios claros, con plena seguridad jurídica” para realizar esas tareas que ya de facto se vienen realizando.

La premura del Real Decreto ley 6/2023 se debió al compromiso existente con la Comisión Europea en relación con el cuarto desembolso de los fondos europeos, lo que obligaba a su aprobación antes del 31 de diciembre de 2023. Estas prisas no impiden, declaró, que el Ministerio se siente particularmente orgulloso por esta norma, que contiene dos partes fundamentales, una de carácter procesal y otra de carácter digital. Esta última recoge la Ley de Eficiencia Digital completa, mientras que parte procesal había pasado un estado de tramitación legislativo muy avanzado en la legislatura anterior, superando incluso la fase de ponencia.

Esto significa que son textos que, durante su tramitación en la legislatura anterior, recibieron las consultas previas, se aprobaron en una primera vuelta por el Consejo de Ministros, fueron objeto de informes y alegaciones por parte de las instituciones y organismos oportunos “e incluso por personas particulares”, y finalmente fueron refrendadas en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. Esa aprobación en segunda vuelta por el Ejecutivo, y por tanto la conversión de los antiguos anteproyectos en proyectos de ley, tienen un elemento fundamental en opinión del secretario de Estado de Justicia, como es la existencia de dos informes de singular importancia favorables a esos textos.

Es decir, en su libro primero, este Real Decreto-ley, y gracias a todo este trámite de la legislatura anterior, había recibido el informe favorable en su momento tanto del Consejo de Estado como del Consejo General del Poder Judicial. Ello no significa, asumió Manuel Olmedo, que la Ley “no sea mejorable”, y de hecho aseguró que hay muchas oportunidades para esa mejora durante su tramitación parlamentaria, dado que el Real Decreto-ley se convalidó y se aprobó paralelamente su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia, como prevé y permite el artículo 98 de la Constitución.

Además hay un “montón de conceptos” que “deliberadamente” se han querido dejar abiertos a la interpretación que los tribunales puedan realizar posteriormente, como son la publicidad o la inmediación que habrán de ser reinterpretados por la jurisprudencia a la vista de este nuevo contexto digital que introduce el Real Decreto-ley. Manuel Olmedo defendió que deben ser los tribunales, y en último término el Tribunal Supremo, quienes puedan concretar qué debe entenderse por estos conceptos en el nuevo marco descrito, sin perjuicio de que, además, en el caso de los juicios telemáticos, se deja en último término en manos del juez o del tribunal, como regla general, la decisión de qué actos deben de realizarse de manera presencial o a distancia.

La norma por tanto “ha de ser mejorada” en la fase parlamentaria, y además forma parte de un proyecto más amplio “que se va a completar”. Falta, entre otras, una parte importante de la Ley de Eficiencia Procesal, como por ejemplo la relativa a los medios alternativos de solución de conflictos (MASC), con la esperanza de que muchas de las enmiendas que se pactaron durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Procesal puedan ser introducidas.

Y, por último, el contenido del antiguo proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que transforma los órganos unipersonales en tribunales de instancia, intenta acercar la Justicia a la ciudadanía mediante la creación de las oficinas de Justicia en el municipio, e introduce los MASC como requisito de procedibilidad en el ámbito civil y mercantil. Se trata, explicó, de pasar de la judicialización del conflicto a una cultura que opte preferentemente por la solución prejudicial, dejando la vía judicial siempre abierta pero solo para aquellos supuestos en los cuales las partes no hayan sido capaces por sí mismas, o con la asistencia de sus abogados, procuradores u otros profesionales que puedan actuar, de llegar a una solución satisfactoria.

En resumen, la intención del equipo liderado por Bolaños es continuar con la labor del proyecto Justicia 2030, y ampliarlo en varias líneas, como el acompañamiento a todos los colectivos vulnerables que se relacionan con la Administración de Justicia, y la ampliación del acceso a la justicia gratuita (con los ajustes derivados del aumento del Salario Mínimo Interprofesional) y del programa de becas para los opositores a las carreras judicial y fiscal, letrados de la Administración de Justicia y Abogacía del Estado.