En línea con lo afirmado antes por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, María Dolores Cantó recordó que el Real Decreto- ley 6/2023 puede ser enmendado y, en la medida de lo posible, “nosotros lucharemos para ello”, corregido en aquellos aspectos que los profesionales del derecho, y en concreto la Procura, “consideramos que nos puede afectar de una forma menos positiva”. En su opinión, este nuevo texto legal pretende adaptar la Justicia española al siglo XXI, una necesidad de acomodación a la realidad digital que ya en Europa se está acometiendo con la previsión de los fondos europeos Next Generation. En este camino, aseguró María Dolores Cantó, en España “podemos ser referentes para el resto de Europa, y me aventuraría a decir que incluso del mundo”.

El cambio digital en la Administración de Justicia implica también una transformación de los profesionales del derecho, y en especial de la Procura “por el impacto que tenemos y por nuestra colaboración como cooperadores jurídicos necesarios”, ya que “si la Administración de Justicia se transforma, los procuradores nos transformamos”.

La profesión lleva ya muchos años en este camino, dijo María Dolores Cantó, “convirtiéndonos en unos juristas tecnólogos; a diferencia de otros profesionales del derecho, nosotros tenemos esa doble condición: juristas porque somos graduados o licenciados en derecho, y tecnólogos porque somos los profesionales del derecho que mejor manejamos las tecnologías en sus relaciones con la Administración de Justicia”.

La representante del Consejo General de Procuradores quiso llevar también un mensaje de “tranquilidad”,  son  reformas  en  las  que  se  lleva trabajando mucho tiempo y “a las que nos estamos adaptando de una forma espectacular”,

«Somos los Profesionales del derecho que mejor manejamos las tecnologías en sus relaciones con la Administración de justicias» aseguró María Dolores Cantó».

como siempre ha ocurrido en procesos de transformación anteriores. El Centro de Estudios del Consejo General de Procuradores está además ya programando nuevos cursos para tratar todas estas novedades.

Se trata por tanto de asentar los objetivos que tenía el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital y que  recoge  el  Real  Decreto ley, como son promover el avance de la transformación digital en la Administración de Justicia, asegurar la interoperatividad facilitando las comunicaciones entre las comunidades autónomas con competencias transferidas y el territorio Ministerio, y la implantación de herramientas digitales para el ciudadano y para los profesionales.

Por todo ello, destacó el esfuerzo que hace la Procura en transformación digital junto con el Ministerio de Justicia al lanzar nuevas herramientas tecnológicas “siempre con el fin de beneficiar a los profesionales del derecho, en especial a la Procura, y a los ciudadanos en general”. Advirtió no obstante de las “interpretaciones” que algunos órganos judiciales efectúan a la hora de aplicarlas, ya que “lo que hacen es desvirtuarlas”.

Pido unificación de criterios por parte de todos los responsables de la Administración de Justicia, y que en cada sitio no se haga una cosa diferente”, concluyó María Dolores Cantó