Las nuevas normas aprobadas en el Estatuto de la Abogacía limitan la Presidencia a dos mandatos como máximo, y los reducen de cinco a cuatros años. Gracias a una disposición transitoria, esta limitación no le afectaba a ella, elegida por última vez con las normas anteriores, cuando los mandatos eran de cinco años y sin limitación. Sin embargo, Victoria Ortega no quería ser una excepción, y pensó que si se había aprobado esa norma, lo lógico es que fuera de aplicación para todos. Por eso, adelantó las elecciones unos meses, y decidió no presentarse a la reelección, pese a que ella podía haberlo hecho. Tras ocho años y medio en el cargo, el 19 de julio traspasó los poderes a su sucesor.

Como hasta ahora, seguirá ejerciendo la profesión y la docencia universitaria en Cantabria, donde reside, pero con un poco más de calma y tiempo de dedicación, con la certeza de que los domingos no serán días laborables. Nacida en Palencia, es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid y abogada en ejercicio desde 1981.

Ha sido decana del Colegio de Abogados de Cantabria entre 2000 y 2008; vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española entre 2002 y 2008, y secretaria general de este organismo desde febrero de 2011 hasta diciembre de 2015. En enero de 2016 fue elegida presidenta por mayoría absoluta, siendo reelegida en enero de 2020. Es además presidenta de Unión Profesional, vicepresidenta primera del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales y vicepresidenta de la Organización Mundial de las Profesiones Liberales.

En cuanto a su actividad académica, es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria desde 1992 y autora de diversas publicaciones y textos monográficos sobre derecho procesal y administrativo. En 2009 recibió la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.

Han sido dos mandatos complicados en los que ha habido, además de cambios de Gobierno, huelgas de funcionarios y una pandemia que han paralizado los órganos judiciales. ¿Cómo ha enfrentado estas situaciones?

–Efectivamente, ha sido un tiempo tremendo. Aparte de los conflictos bélicos y las huelgas, hemos vivido situaciones de un nivel que no habíamos conocido anteriormente, con la pandemia. Precisamente por eso, yo creo que lo más reseñable es la capacidad de reacción en este Consejo de forma unida. Todos y todas colaboraron para poder sacar a la Abogacía adelante y poder trabajar juntos, y eso se ha hecho generalmente durante todo este tiempo. Por eso hemos conseguido sacar cosas que yo estoy convencida que de otra manera no se hubieran logrado si empezamos con discusiones internas. Además, la casa tiene unos servicios técnicos magníficos en cuanto a competencia y dedicación. El conjunto de todo ello ha hecho que hayamos tenido logros.

–¿De cuáles se siente más satisfecha?

–Pues quizá en este momento, por el carácter inmediato, hay que señalar la posibilidad de que la semana que viene (la entrevista se realizó el pasado 5 de julio) se apruebe la Ley de Defensa. Teniendo en cuenta que empezamos a hablar de ella en el congreso de León, en el siglo pasado (se celebró en 1970), conseguirlo nos genera una ilusión grande y tiene importancia para la Abogacía, pero fundamentalmente también para la ciudadanía. Hemos trabajado mucho en ello y yo creo que es algo como para alegrarnos. En medio hemos tenido una transformación digital muy importante, que la Abogacía capitaneó un poco igual que cuando empezamos con la primera en el año 2000, y hemos ido avanzando y adaptándonos de forma importante. Hemos tenido también participación en la normativa de Eficiencia que se ha estado regulando todo este tiempo, es importante porque hemos señalado un gran número de propuestas que se han ido aceptando y que yo creo que eran fundamentales.

Con la justicia gratuita no ha habido tanta suerte…

–Es verdad que a lo largo de estos ocho años se han revisado los baremos, de una forma notable en 2018, pero es cierto que en este momento está pendiente una revisión que es absolutamente necesaria y que quiero confiar que llegará. El hecho de tener los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, y todo el tema económico, lo ralentiza mucho, pero quiero pensar que se hará. La Ley de Justicia Gratuita está en proyecto normativo de este ejercicio, con lo cual pienso que en septiembre se arrancará también. Nosotros tenemos cerca de 45 mil compañeros y compañeras trabajando en justicia gratuita.

–Que hacen huelgas intermitentes, y que sufren mucha frustración en ocasiones, como ocurre también en la Procura.

–Sí, sí, efectivamente. Con situaciones complicadas que hay que atender. Estamos con una prórroga presupuestaria que limita, pero al final es cuestión de prioridades, y todos lo sabemos. Entonces hay que concienciarse de que esto es una prioridad, hay que actuar en ella.

–A los ritmos de la Justicia, ocho años son pocos, por lo que seguro que otros muchos proyectos no han podido salir adelante. ¿Cuáles son los que lamenta que no se hayan podido conseguir todavía?

–Además de la justicia gratuita, tenemos ahora encima de la mesa el tema de dar una salida a determinadas situaciones dentro de la previsión social, de la Mutualidad, hay que darle solución. Muy importante el avance en la transformación digital y que todo esto lleve consigo lo que es su objetivo final, que es el funcionamiento de la Justicia de una forma eficiente, eficaz, porque si no, no tiene ningún sentido. Y por otro lado, que no se quede nadie atrás. Que esta transformación nos alcance a todos con independencia del lugar donde se resida. Para ver este progreso en la Administración de Justicia, yo creo que ahora también es un momento clave.

» Es muy importante regular cómo se
va a responder deontológicamente
a la utilización y aplicación de la IA.
Por lo demás, vamos a considerarlo
como una oportunidad»

–Tampoco ha podido ver como presidenta una reedición del Pacto de Estado de la Justicia, pese a que al inicio de su mandato se hablaba mucho de ello. ¿Por qué no es posible en España acordar cuestiones básicas en una materia tan crucial para un Estado de derecho?

–Yo me pregunto, ¿cómo es posible que a una sociedad, con la de términos que tiene el diccionario, el que nos define este año es polarización? Estamos viviendo en un ámbito de crispación, de temor, entonces así no hay quien llegue a un pacto. No deja de ser frustrante. Probablemente la situación ya no aguante más, y sea efectivamente el momento del diálogo y del pacto. El año pasado, el congreso nacional de la Abogacía que tuvimos en Tarragona lo titulamos así: la cultura del acuerdo. Fue sobre lo que estuvimos hablando, sobre esa necesidad del país de llegar a un acuerdo, de convenir una serie de temas que son fundamentales. Por eso nos hacía extraordinaria ilusión que Ley de Derecho de Defensa fuera un ejemplo para ello.

–Fue la primera mujer en presidir la institución. ¿Se ha avanzado en igualdad en el mundo de la Justicia, o no lo suficiente?

–Se ha avanzado, a mi criterio, mucho, mucho. Además se ha avanzado en igualdad real, porque en el ámbito normativo España está por delante de muchos países europeos. La normativa de igualdad fue un hito. En la Abogacía, debemos tener en cuenta que en la gente joven es mayor el número de mujeres que de hombres; antes no lo era, es de las pocas profesiones del mundo jurídico donde el número de compañeros era muy superior, pero ya se va igualando. En las juntas de gobierno de los colegios ya se está llegando también a la paridad. En esta casa vamos un poco más lentos, pero también se ha avanzado notablemente. No podemos hablar de paridad todavía, ni mucho menos, pero se va avanzando, y no en vano se han ocupado cargos de responsabilidad. En este momento justo, aparte de la presidencia, está la vicepresidenta. Y a nivel social también se ha avanzado, porque en la Abogacía no hacemos cosas distintas a lo que va haciendo el resto de la sociedad.

–Además se han conseguido avances importantes  en materia de conciliación, algo que para profesiones como la Abogacía y la Procura es muy importante.

–También era de esos temas que toda la vida se van oyendo, y por fin lo conseguimos. Como las vacaciones de Navidad, que no nos lo creíamos, aunque coincidió con la pandemia y en cambio sí tuvimos que trabajar en agosto. Fue un poco caos todo, pero eso, por fin, se consiguió. Además, se ha logrado una regulación; antes, por ejemplo, en los temas de enfermedad propia o de allegados, siempre estábamos pendientes de la discrecionalidad del juez. Eso no podía ser. Hacía falta una normativa que diera una cierta seguridad, no estar temblando a ver si el juez va a conceder o no la suspensión.

–Yendo a temas de inmediata actualidad, con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por fin renovado, me surgen dos cuestiones. ¿Cómo se explica un retraso de más de cinco años en esa renovación, de quién es la responsabilidad?

–No se explica. No tiene explicación que hayamos estado sin dar cumplimiento a la Constitución durante
cinco años. Es inadmisible. Yo no quiero entrar en culpas ni en responsabilidad, creo que cada uno tenemos nuestra idea al respecto. Vamos a quedarnos en que parece que afortunadamente avanza.

–Y en segundo lugar, ¿Qué le parece el acuerdo alcanzado? De nuevo, sin ningún procurador, y en esta ocasión, por primera vez, también sin ningún abogado.

–Efectivamente, no hay ninguno, algo que llama la atención extraordinariamente, porque además la propia Constitución hace mención a la Abogacía. Dice, como sabemos todos, abogados y demás juristas de reconocido prestigio, pero al abogado lo mienta específicamente, como mienta primero a los jueces y magistrados. Hemos presentado la queja correspondiente, lo que pasa es que todos estábamos ya deseando que este desfase se arreglara. Ha sido una situación que para la Abogacía desde luego no es admisible, pero hemos hecho un ejercicio de responsabilidad por el bien de la Administración de Justicia no planteando otro tipo de reclamaciones.

–¿Le preocupa que se ponga en cuestión en ocasiones la independencia judicial, y el trabajo de órganos tan importantes como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional?

–Claro, me importa, cómo no, todo lo que afecta al derecho, que es a lo que me dedico, lo que afecta a la Administración de Justicia. Pero como me preocupa el ámbito social, su conjunto; esto es un reflejo. Entonces, me afecta a nivel general. Yo creo que la ciudadanía le tiene un respeto extraordinario a la actividad jurisdiccional, y absoluta confianza en los juzgados y tribunales, porque estamos hablando de un sistema que, aunque hay que reconocer que es lento, acoge como forma de resolución más o menos siete millones de procedimientos al año, un número que va subiendo, y eso, lógicamente, manifiesta una confianza y una seguridad en la independencia de los órganos jurisdiccionales. Cuestión distinta es que luego haya determinados temas, como ha podido ser la parte del CGPJ, o determinados asuntos siempre correspondientes al mundo de la política, en los que se crea una distorsión mayor, y que son los que están todos los días dando vueltas en los medios. Lo cual no quita para que la Administración de la Justicia funcione día a día perfectamente, y el ciudadano se encuentre contento con ella.

¿Y si le pregunto si, como algunos aseguran, existe ‘lawfare’ en España?

–No, no creo que exista

–La Inteligencia Artificial (IA) ya es capaz de redactar escritos, cumplimentar impresos y formularios, buscar jurisprudencia, sugerir asesoramiento… ¿Es un riesgo para las profesiones jurídicas?

–Hace poco, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que ha estudiado estos temas, decía que de las profesiones jurídicas la menos afectada iba a ser la Abogacía, porque tiene un componente humano y de cercanía que no lo sustituye la máquina. No sé si tiene razón o no, el tiempo nos dirá. De todo esto estuvimos hablando también en el congreso de Tarragona. A mí lo que me preocupa es la regulación deontológica del tratamiento de la IA. Nosotros nos regimos con unas normas deontológicas que son autorregulaciones, ahí sabemos con qué principios nos movemos. Es muy importante regular también cómo se va a responder deontológicamente a la utilización y aplicación de la IA. Por lo demás, vamos a considerarlo como una oportunidad, que efectivamente lo puede ser para la simplificación de muchísimos trámites.

“La relación con el presidente de la Procura ha sido extraordinaria. Hemos tenido situaciones delicadas en las dos profesiones y siempre hemos estado de acuerdo. Son profesiones que nos complementamos, trabajamos con un objetivo final que es el mismo. No estamos compitiendo, cada uno tiene su papel»

–Sé que ha escrito algo sobre la materia. ¿Está en riesgo la idea que creíamos tener de Europa como espacio de libertades y baluarte del Estado de derecho?

–Hay que pensar que no está en riesgo, pero también creo que en muchas ocasiones se tienen que recordar los principios de la creación de la Unión Europea. Y no me estoy refiriendo ya a avances de extremismos dentro de la Unión, sino a actuaciones o reacciones frente a situaciones bélicas absolutamente contrarias a los derechos humanos, como puede ser Gaza en este momento. Sería bueno recordar de vez en cuando por qué y para qué se creó la Unión Europea.

«“Nunca nos hemos opuesto a las reivindicaciones de la Procura en materia de ejecución. Somos los primeros interesados en que la ejecución funcione, y es justo reconocer que no funciona»

–Prometió al llegar al cargo, en una entrevista que pudimos hacerle hace ocho años, que mantendría una extraordinaria relación con la Procura. ¿Ha podido cumplir esa intención?

–La relación ha sido extraordinaria. Con el presidente de la Procura habló un día sí, otro no. Hemos tenido situaciones
delicadas en las dos profesiones y siempre hemos estado de acuerdo. Personalmente, siempre he sabido que me iba a apoyar en momentos complicados, cómo él ha sabido que la Abogacía le iba a apoyar, y eso lo hemos mantenido todo el tiempo. También puedo decir que esto no supone ningún esfuerzo, no lo entendería de otra manera. Son profesiones que nos complementamos, trabajamos con un objetivo final que es el mismo. No estamos compitiendo, cada uno tiene su papel.

–¿Apoya reivindicaciones históricas de la Procura, como conseguir más competencias en materia de ejecución?

–La Procura sabe perfectamente que nosotros nunca nos hemos opuesto a las reivindicaciones que han hecho en ese sentido. Resulta muy importante todo el tema de subastas y demás, eso lo hemos aplaudido. Somos los primeros interesados en que la ejecución funcione, y es justo reconocer que no funciona y que tenemos pendientes en los tribunales unas sumas económicas importantísimas.

–¿Cree entonces que los procuradores podrían ayudar a agilizarla, como por ejemplo ha ocurrido en Portugal desde que se convirtió a los solicitadores en agentes de ejecución?

–Sin duda, Juan Carlos Estévez lo explica magníficamente en todos los foros, y, como digo, en la configuración de subastas que hizo la Procura se notó claramente la diferencia.

–Por último, si tuviera que darle un consejo a su sucesor, y solo uno, ¿Cuál sería?

–No soy yo de dar consejos a nadie, me parece un poco ridículo, si quieren preguntarme algo que me lo pregunten. Eso sí, le deseo todo lo mejor y además tengo la plena seguridad de que lo hará muy bien y de que el resultado será positivo. Todo lo que necesite no tiene más que decirme, pero no le aconsejaría nada porque él sabe muy bien lo que debe hacer.