Con el título “La Justicia en España 2024”, el informe analiza las causas del atasco “estructural” de la Justicia española y propone soluciones para agilizar su funcionamiento. Para ello, y basándose en los datos del Consejo General del Poder Judicial, se realiza un análisis comparativo de la congestión por comunidades autónomas y partidos judiciales en los últimos cinco años. También se efectúa una comparativa internacional, con especial atención al modelo portugués, donde la asunción de competencias de ejecución por parte de los solicitadores lusos ha permitido reducir el atasco judicial en un 60 % en 20 años, pasando de casi millón y medio de asuntos en trámite a cerca de 600.000. En ese mismo periodo temporal de dos décadas, en España los asuntos en trámite han aumentado en un 59 %, hasta llegar a los casi 4 millones; es decir, una tendencia totalmente inversa a la de nuestros vecinos portugueses.

El decano de Madrid, y actual secretario del Consejo General de Procuradores, Alberto N. García Barrenechea, explicó que si bien la paralización de la Justicia “no es extrema” a día de hoy, “sí es muy preocupante”. Puso como ejemplo que en Madrid su despacho ya tiene señalamientos para el año 2027. Un problema que “todos los operadores jurídicos lo tenemos asumido y por eso estamos aquí, para intentar ofrecer una solución distinta” que mejore la situación actual.

Y cuando pide mayores funciones para la Procura, lo hace “porque la conozco” y “sé la formación de los procuradores de toda España, somos los que testamos cada día los problemas de cada juzgado, los que los vivimos de primera mano, y nuestra preparación está sin ninguna duda acreditada”. Prueba de ello son los cursos continuos que se hacen en los colegios y el Consejo General, garantizando una formación “que nos hace solventes para poder llevar la ejecución”. Con un elemento añado: la estructura nacional de la profesión con 67 colegios, que además son corporaciones de derecho público, constituye una “red de sucursales de colegios pequeños, grandes y medianos que nos permite llegar a todo el territorio nacional con esa solvencia que otras profesiones jurídicas-judiciales no podrían tener”.

El decano de Barcelona, Javier Segura, actual vicesecretario del Consejo General de Procuradores, fue el encargado de explicar la primera parte del informe, donde se muestra que las salas donde más crecen los asuntos pendientes por órgano son las de lo civil y penal, y sobre todo en los juzgados de menores.

Los datos muestran que España cuenta con ocho juzgados y 19 procuradores por cada 100.000 habitantes, con una cifra preocupante para la profesión; mientras que en los últimos 20 años se han creado 235 nuevos juzgados, el número de procuradores ha descendido en 1.056 colegiados, hasta los 9.375 actuales.

En los últimos cinco años es donde se observan los mayores problemas si hablamos de atasco, con un crecimiento superior al 50 % (1,4 millones de casos más) de los asuntos en trámite al final de este lustro, y de forma muy especial en el año 2023, con un aumento del 17 %. En resumen, en este periodo los órganos judiciales han aumentado un 3,7 %, los asuntos ingresados un 16,8 % (cinco veces más que los asuntos juzgados) y los asuntos en trámite un 52,3 %. Los pleitos, por tanto, crecen cinco veces más que los juzgados.

“Somos los que testamos cada día los problemas de cada juzgado, los que los vivimos de primera mano, y nuestra preparación está sin ninguna duda acreditada, lo que nos hace solventes para poder llevar la ejecución”, aseveró Alberto N. García Barrenechea»

Refiriéndose a la Procura, Javier Segura aseguró que “estamos infravalorados”, y que su aportación social, en cuanto a seguridad jurídica y agilización de los procesos en los que interviene, es “indiscutible”. La apuesta de la profesión es reducir el atasco a la mitad asumiendo más competencias, descargando de trabajo a los órganos judiciales para que puedan dedicar más tiempo a tramitar los asuntos pendientes, y de paso hacer la Procura mucho más atractiva para los jóvenes que acaban sus estudios de Derecho. Sin que ello, matizó, suponga una confrontación con los letrados de la Administración de Justicia, ya que “nosotros no queremos tener funciones jurisdiccionales”, sino al contrario, ofrecer una oferta de colaboración “para que sus juzgados se desatasquen”.

Con otro aspecto positivo: ahora que se habla de brecha digital, los ciudadanos que estén representados por un procurador “tendrán solventado” el problema de relacionarse tecnológicamente con la Administración de Justicia, “porque somos expertos en las nuevas tecnologías y hemos colaborado siempre con el Ministerio y las consejerías” en esta materia. La confidencialidad en el uso de los datos, además, está “salvaguardada” con la Procura, ya que el secreto profesional es consustancial a su ejercicio.

ANÁLISIS POR TERRITORIOS

El decano de Vigo, y actual decano adjunto a la presidencia del Consejo General de Procuradores, José Antonio Fandiño, presentó la parte del informe dedicada a poner en números los problemas en los distintos territorios para ver donde se concentra más el atasco. La media de casos en trámite por juzgado en 2023 en España es de 952 casos. Partiendo de esta cifra, la región con mayores problemas es Murcia (1.411 casos), seguida de Castilla-La Mancha (1.214) y Madrid (1.115). Y en lado contrario, las comunidades con menos asuntos en trámite por juzgado son Ceuta (336), Asturias (590) y Aragón (610). Con el análisis de estos datos, José Antonio Fandiño considera que “podemos decir que hay comunidades autónomas que están en la UCI, otras en la camilla a punto de entrar, y otras que no están en esa situación pero se encuentra muy por encima de lo que es el atasco medio en cualquier país de nuestro entorno”. En Galicia, su ámbito de actuación, aunque está por debajo de la media “el atasco es importante, con una audiencia en Vigo donde hace falta más de año y medio para que se resuelva un procedimiento”. Es decir, que se da el hecho de que “procedimientos muy sencillos” tardan mucho en resolverse una vez que se integran dentro del sistema judicial.

Si hablamos de las 30 ciudades más importantes por número de habitantes, insistió, todas tienen un problema de congestión. Valorando de nuevo la media de asuntos en trámite por juzgado, Murcia (1.764), L’Hospitalet de Llobregat (1.614), Cartagena (1.604) y Madrid (1.582) son las que ofrecen peores datos, aunque el decano de Vigo advirtió que en el caso de Madrid los datos de la pendencia judicial se ven afectados por los órganos centrales con sede en la capital. En el lado positivo, con menos carga de trabajo por juzgado, destacan Oviedo (638), Valencia (714) y Palencia (725). “Lo que sí podemos deciros es que el atasco es importante, lo que hace dos o tres años tardábamos uno, dos o tres meses en que se resolviera, ahora tardamos cuatro o cinco”, recordó.

Por tipología de juzgado, los órganos que tienen más asuntos pendientes que la media son las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia (TSJ) y de la Audiencia Nacional, seguidos de los juzgados de instancia, las salas de lo social de los TSJ, las salas de lo social de las audiencias provinciales y los juzgados de lo social. También llama la atención la pendencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con 21.937 asuntos pendientes, la de lo Penal (8.649) y la Cuarta de lo Social (6.098).

Con estos datos, el decano de Vigo considera que “podemos decir que el atasco es estructural, que aumenta progresivamente a pesar del número de juzgados que se creen, y que es importante actuar con rapidez para evitar que se convierta en un problema irresoluble”. Incidió en el mensaje de que los “procuradores podemos ser la figura clave para agilizar la Justicia, y dotarla de la eficacia y la eficiencia que es uno de los objetivos de cualquier norma que salga publicada. Creo que nosotros podemos ser esa maquinaria que agilice”.

Javier Segura afirmó que la apuesta de la profesión es reducir el atasco a la mitad asumiendo más competencias, descargando de
trabajo a los órganos judiciales, sin que ello suponga una confrontación con los LAJ, ya que “nosotros no queremos tener funciones jurisdiccionales”

LA COMPARACIÓN CON EUROPA:

En el informe se recuerdan las distintas figuras profesionales encargadas de la ejecución, con diferente tipología: profesionales liberales en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Grecia, Hungría o Portugal; agentes de ejecución públicos en Italia, Austria y Suecia, y figuras mixtas en Alemania, Reino Unido o Bulgaria. Por lo tanto, lo que se pretende desde la Procura, como señaló Alberto N. García Barrenechea, “no es una excepción”, hay muchos países que tienen agentes de ejecución. Se fijó especialmente en el caso cercano de Portugal; desde que en 2003 que se adjudicaron a los solicitadores las competencias en esta materia, se redujo la pendencia en un 60 %, simplemente “dotándoles de mayores competencias que son sencillas, no estoy hablando de competencias que no tengamos: representación, ejecución, competencia notarial, notificaciones, embargos, y publicación”. Con esta medida, en Portugal se redujeron en 500.000 los casos pendientes. Un dato que invita a reflexionar: en 2023, en Portugal contaba con 4,7 casos pendientes por cada 100 habitantes; en España la cifra casi se dobla hasta llegar a la ratio de 8,3 casos por cada 100 habitantes.

“El atasco es estructural,
aumenta progresivamente a pesar del número de juzgados que se creen, y es importante actuar con rapidez para evitar que se convierta en
un problema irresoluble”, señaló José Antonio Fandiño»

La Procura, recordó el decano de Madrid y secretario del CGPE, ya tiene la capacidad de certificación, “no estamos muy lejos” de lo que se pretende, teniendo en cuenta además que “tenemos constancia” de que en los anteproyectos de Ley de Eficiencia en marcha “se quiere modificar el artículo 543 para poder ser agentes de ejecución”. No es por tanto una “modificación sustancial”, sino “sencilla de hacer desde el punto de vista jurídico”, apoyándose en la estructura colegial, y que sin duda va a beneficiar a los clientes “que tienen que estar hasta 4 y 5 años en sus procedimientos declarativos y luego no obtienen satisfacción; de poco te vale ganar una sentencia si no la ejecutas”. Con una precisión importante, advirtió Alberto N. García Barrenechea: esta modificación hay que hacerla a través de un pacto “en colaboración con el resto de operadores jurídicos”, de la mano del Ministerio de Justicia y muy especialmente de los letrados de la Administración de Justicia. “Si nos sentamos en una mesa –razonó– y vemos estos números, tendremos que ser capaces de convencer al Ministerio que con un poquito de colaboración de todas las partes no podemos tener más de 500.000 casos atascados y miles de millones de euros consignados en los juzgados que, a día de hoy, no tienen salida”.

Objetó también la crítica habitual de que esta reforma puede suponer una “privatización” de la Justicia: “Nada más lejos de la realidad”, ya que no incrementaría los costes para el cliente porque “en nuestros aranceles ya se contempla un coste por ejecución, sería el mismo. No estamos hablando ni de privatizar la Justicia ni que suponga un incremento de coste. Voy más allá, esto llegaría también a los casos de oficio, beneficiando al justiciable”. El efecto de atribuir la ejecución a la Procura sería doble: si se descarga al juzgado de las tareas de ejecución, se consigue que los funcionarios “se puedan dedicar al proceso declarativo puro y duro, al resto de actuaciones judiciales”. “No vamos a llegar a pendencia cero, pero tenemos que llegar a una cifra de asuntos pendientes razonable, de 1 o 1,2 millones de asuntos, respecto a otros números que tenemos equiparados con Europa”, agregó.

La propuesta de la Procura de mejora de la Justicia contenida en el informe considera que en cinco años se podría reducir el número de asuntos en trámite en un 50 %, pasando de los casi 4 millones actuales a los 2 millones en 2028. Y aunque la mejora no fuera de un 50 % como se detalla en el estudio, afirmó el decano de Madrid, “si conseguimos que no se incremente y que se reduzca, sería un éxito en sí mismo. ¿Por qué no vamos a intentar un sistema que ya está aprobado en otros países de Europa, y que ha dado un resultado excelente?”, se preguntó. “Nosotros no queremos quitar competencias a nadie, lo que queremos es asumir unas que hoy no se ejercen, porque se está demostrando que el atasco está llegando a un punto de no retorno y sería muy preocupante llegar a un Estado fallido que sin lugar a dudas no podemos permitirnos”.

Uno de los objetivos de la reforma sería dar a los procuradores y procuradoras un mayor acceso los datos, al Punto Neutro Judicial, para poder consultar los bienes de los deudores. La profesión garantiza “la confidencialidad” de esos datos, a los que ya hoy puede acceder cuando los solicita al juzgado. Lo que se trata es de “ahorrar pasos” que permitan utilizar los medios informáticos actuales de una forma mucho más ágil y rápida, lo que “redunda sin ninguna duda en el trabajo de los profesionales de la Justicia”. “La eficacia, la profesionalidad de los procuradores, está acreditada. Yo hablo con muchos jueces, y nadie duda de la profesionalidad de los procuradores. Pues si nadie duda, tras nuestros años de ejercicio, vamos a darle mayores funciones de ejecutividad para poder llevarlo a cabo”, remachó.

Alberto N. García Barrenechea se ofreció al Ministerio de Justicia, a las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia y “a cualquiera que quiera sentarse con nosotros” a discutir todos los detalles de esta propuesta. “Teniendo un ejemplo como el portugués, que ha acreditado que funciona, no veo por qué el procurador en España no puede ejercer estas funciones y llevar la ejecución de una manera más eficaz y sostenible, y combatir ese atasco que, desde mi punto de vista, va a provocar que el sistema judicial español sea un sistema fallido en muy poco tiempo”.