La Procura participa en el IX Congreso Bienal del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

En su primer acto oficial como presidente del Consejo General de Procuradores, Ricardo Garrido participó en la inauguración del IX Congreso Bienal del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y celebrado los pasados 7 y 8 de noviembre en el Senado.

El acto contó con la intervención de la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el fiscal general del Estado, Álvaro García; la secretaria primera de la Cámara Alta, Ana Redondo; la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio, Esther Erice; el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González; el presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía, Fernando Rodríguez, y la viceconsejera de Justicia de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos del Principado de Asturias, Encarnación Vicente. Ricardo Garrido destacó la  importancia de encuentros como este para “unificar esfuerzos, compartir conocimientos y fortalecer la coordinación de nuestras instituciones en torno a un objetivo común: la erradicación de la violencia doméstica y de género y la construcción de un futuro seguro y digno para todas la mujeres, niñas y niños de nuestro país”.

El Consejo General de Procuradores, manifestó el presidente, ha asumido la misión de trabajar activamente en la defensa de los derechos de las víctimas, y en especial en la representación y protección de quienes más lo necesitan. “Sabemos –añadió– que la lucha contra la violencia de género y doméstica exige no solo una firme convicción ética y profesional, sino también un compromiso renovado con cada avance legislativo y social, en la construcción de una sociedad justa y segura”.

De especial relevancia señaló también que este encuentro sirviera para poner en común las perspectivas de los actores políticos, institucionales y sociales, “ya que la violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo que exige una respuesta igualmente multidimensional y coordinada. Nos encontramos en un momento decisivo en el que la implementación de las nuevas normativas y la mejora de la coordinación entre administraciones son esenciales para lograr una respuesta eficaz”.

En este IX Congreso del Observatorio, incidió, se iban a analizar las novedades legislativas y los mecanismos de protección conjuntos para mujeres, niñas y niños, estableciendo puentes que favorezcan la coordinación institucional y un enfoque integral. El Consejo General de Procuradores, aseguró, apoya “firmemente esta labor y estamos seguros que generará un impacto positivo en la vida de muchas personas”, por lo que mostró el compromiso de todos los procuradores y procuradoras de España de “continuar trabajando desde nuestra labor profesional en el fortalecimiento de los derechos y la Justicia para las víctimas”, a fin de erradicar todas las formas de violencia sobre la mujer, “y reafirmando nuestra voluntad de seguir siendo un pilar firme dentro de este Observatorio”.

El encuentro se articuló en torno a cinco mesas redondas. La presidenta de la Comisión de Igualdad, Conciliación y Asistencia a la víctima del delito del CGPE, Eva García, fue la encargada de moderar la segunda, centrada en las víctimas de violencia sobre la mujer, que contó con una ponencia sobre mujeres con discapacidad a cargo de Carmen Giménez, de la Fundación Run for You, y otra exposición sobre mutilación genital realizada por Asha Ismail, de la Asociación Save a Girl Save a Generation. También intervinieron Laura Sánchez Maroto, con una ponencia sobre violencia sexual, y Amelia Tiganus, de la Federación Estatal de Mujeres Abolicionistas.

TAREAS PENDIENTES

En el acto de clausura del congreso, la vocal del CGPJ Esther Rojo puso de manifiesto que los muchos avances logrados en materia de violencia de género, desde la entrada en vigor de la LO 1/2004, deben servir como estímulo para que todas las instituciones y colectivos profesionales implicados en la lucha contra esta forma de criminalidad sigan colaborando para reforzar la asistencia y protección a las víctimas, así como la respuesta penal a los agresores, para que, en definitiva, hagan frente a los retos de futuro que quedaron patentes durante las sesiones de trabajo de este encuentro.

Aunque destacó el “paso de gigante” que supuso la aprobación de la ley integral en 2004, pues contribuyó “a que una realidad oculta, que se lleva a cabo en la intimidad del hogar, comenzara a aflorar”, es imprescindible ahondar en la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer y sus hijos e hijas. Con este fin, y de acuerdo con las previsiones contenidas en el Convenio de Estambul, hay que trabajar en la puesta en marcha de campañas de sensibilización, de programas educativos y en la formación de profesionales.

Especial relevancia presenta, recordó la vocal, “la prevención y sensibilización en el ámbito sanitario, sociosanitario y servicios sociales, así como en el ámbito digital y educativo”. La atención a las nuevas tecnologías y sus usos es imprescindible también por su especial incidencia en los menores de edad y adolescentes.

El perfeccionamiento de las herramientas para la valoración y gestión del riesgo (tanto de la letalidad, como de la gravedad de la situación y de la posibilidad de reincidencia), es otro de los retos que deben afrontarse, por cuanto resulta “indispensable para la adopción de medidas de protección” adecuadas a cada situación.

En tercer lugar, señaló la potenciación y completo despliegue de las unidades de valoración forense, por la importancia del trabajo multidisciplinar realizado por estos profesionales (forenses, psicólogos y trabajadores sociales) para valorar y determinar el daño físico, psíquico, sexual, psicológico y social que generan en las víctimas la habitualidad del maltrato y el clima de violencia.

Otro de los aspectos relevantes que ha quedado patente tras escuchar durante el congreso “los sobrecogedores testimonios” de cuatro mujeres, es la necesidad de tener en cuenta la situación de vulnerabilidad particular de cada víctima, en la medida en que implican un mayor riesgo de sufrir violencia. En concreto, las mujeres con discapacidad, las migrantes indocumentadas, las mujeres sin hogar, las que viven en zonas rurales, las de edad avanzada, las que sufren trastornos por consumo de alcohol y drogas, las mujeres de origen racial o étnico minoritario y las personas LGTBI.

Finalmente, hay que incidir en la prevención de las nuevas formas de criminalidad derivadas del uso de las tecnologías (ciberacoso, difusión no consentida de material íntimo o manipulado, etc.), que en muchos casos conllevan un riesgo mayor de victimización reiterada y prolongada en el tiempo.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.