Huelga inasumible

Tras la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los paros convocados por otros cuerpos de funcionarios, a los que no negamos la legitimidad en el ejercicio de sus derechos constitucionales para reclamar las mejoras salariales o laborales que estimen oportunas, han reavivado un colapso de la Administración de Justicia, convaleciente aún del parón de la pandemia, con gravísimas repercusiones para los justiciables, en forma de retrasos y suspensiones, pero también para los profesionales que les defienden y representan.



La Procura y la Abogacía han unido
fuerzas para expresar de la forma más
enérgica posible su protesta, convocando
manifestaciones en distintos órganos judiciales,
publicando artículos conjuntos en
la prensa nacional, o tomando iniciativas
como la carta que los máximos responsables
de los consejos generales de ambas
profesiones enviaron el pasado 20 de junio
al presidente del Gobierno.
En la misiva, se le trasmitía la profunda
inquietud y preocupación por la situación
del servicio público de Justicia, atorado
desde hace 4 meses. Una parálisis que
afecta gravemente a todos los ciudadanos
y ciudadanas inmersos en un procedimiento
judicial, al igual que a las decenas
de miles de profesionales de la Procura y
la Abogacía que les dan servicio, “y que se
encuentran prácticamente sin poder trabajar”,
así como a las miles de personas
que colaboran en sus despachos.
Estas sucesivas convocatorias de huelgas
de distintos colectivos de la Justicia,
recuerdan Juan Carlos Estévez y Victoria
Ortega, “se suman a un déficit histórico y
estructural que el servicio público arrastra
desde hace décadas”. Lo cierto es que
se han suspendido decenas de miles de
vistas, a veces tras años de espera y en
la mayoría de los casos sin previo aviso,
con miles de notificaciones sin tramitar,
una cuenta de consignaciones y depósitos
judiciales paralizada y señalamientos de

No podemos permitirnos más huelgas de este tipo, que afectan y comprometen el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Ni la ciudadanía ni los operadores jurídicos se merecen esta agobiante situación

juicios que empiezan a fijarse ya para el
año 2026, generando todo ello una situación
“insostenible”. A la frustración ciudadana,
se une la de los profesionales que
ven como sus ingresos y su facturación
caen sin remedio hasta niveles del 70 %
por la falta de actividad mientras deben
seguir atendiendo los mismos gastos fijos,
poniéndose incluso en peligro la viabilidad
económica de muchos despachos.
Debido al adelanto electoral, la representación
sindical de los trabajadores de
la Administración de Justicia ha decidido
desconvocar los paros. Pero no nos engañemos,
puede tratarse de un cierre en falso,
ya que si no se ataja el problema de raíz la
huelga puede reactivarse cuando el nuevo
Gobierno que salga elegido de las urnas
tome posesión en las próximas semanas.
No podemos permitirnos más huelgas de
este tipo, que afectan y comprometen el
derecho constitucional a la tutela judicial
efectiva. Ni la ciudadanía ni los operadores
jurídicos se merecen esta agobiante
situación. Procuradores y abogados, como
siempre, trataremos de coadyuvar en la
resolución de los problemas, ponderando
todos los derechos e intereses
en juego,
pero defendiendo muy firmemente los de
nuestras colegiadas y colegiados y, sobre
todo, los de la ciudadanía a cuyo servicio
todos nos debemos

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