Mesa Redonda organizada por la Procura

Convocadas por la Procura, cuatro importantes personalidades ofrecieron su diagnóstico sobre la situación de la Justicia y algunas soluciones para atajar sus principales problemas. Se trata de María Emilia Casas, consejera electiva del Consejo de Estado, la primera mujer que accedió a una cátedra de Derecho del Trabajo en España y en su momento (1998) la magistrada y presidenta (2004-2010) más joven del Tribunal Constitucional; Miquel Roca, abogado, exparlamentario y uno de los siete ponentes de la Constitución de 1978; Luis María Cazorla, abogado, letrado de las Cortes, presidente de la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, escritor y hasta el mes de julio secretario general de Bolsas y Mercados Españoles, gracias a cuya intervención pudo celebrarse el acto de la Procura en el Palacio de la Bolsa de Madrid; y Juan Damián Moreno, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid y autor, entre otros, del libro ¿Qué justicia queremos? Francisco Rosell, adjunto a la presidencia de Unidad Editorial y exdirector del diario El Mundo, actuó como moderador. 

Recogemos de forma detallada sus opiniones, que como se observará coinciden en señalar los peligros derivados de la falta de sentido institucional que se percibe en muchos sectores de la vida española, incluida la clase política, y la necesidad de alcanzar acuerdos y pactos de Estado para superar esta grave situación que, entre otras consecuencias, se manifiesta en la incapacidad de renovar órganos esenciales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

MARIA EMILIA CASAS,  exvicepresidente del Tribunal Constitucional

VISIÓN DE LA PROCURA. A la vista del informe presentado, destaca en primer lugar la importancia de haberlo realizado mediante un trabajo objetivo, externo e independiente, para hacer un análisis de la realidad y presentar propuestas de futuro, como la necesidad de continuar con la digitalización como elemento de eficiencia fundamental de la Justicia. Por otro lado, subraya aspectos como la alta feminización de la profesión, que además se traslada proporcionalmente a los órganos de gobierno de la Procura, y la relevancia de su función que se muestra en materias como la justicia gratuita, la violencia de género, la representación procesal de los ciudadanos y la colaboración con el servicio de Justicia. Según su experiencia como presidenta del Tribunal Constitucional, la colaboración que siempre percibió por parte de los procuradores fue “exquisita”.

DIAGNÓSTICO DE LA JUSTICIA. Matiza la afirmación efectuada por otros miembros de la mesa de que la Justicia no está suficientemente dotada, ya que de lo que se trata también es de aprovechar los medios de los que ya se dispone de una manera eficiente gracias a la tecnología, aunque siempre con revisión humana. Coincide con Miquel Roca al considerar que la valoración objetiva de la Justicia no concuerda con la que tiene la ciudadanía, y que existe un maltrato hacia las instituciones, originado en “muy distintos frentes”, que provoca una imagen “desoladora” de la Justicia que no se corresponde con su trabajo serio y cotidiano, sin perjuicio de las mejoras que sean necesarias en cuanto a eficiencia, tiempos, etc. La expresidenta del Tribunal Constitucional apunta también hacia algunos medios de comunicación por su “responsabilidad absoluta” en plantear juicios paralelos, ejercer presiones y contribuir de forma muy negativa a su politización, ofreciendo una imagen deformada de la misma.

Y enumera más factores: el sistema político y los partidos, incapaces de alcanzar un pacto de Estado que es “esencial” para garantizar la separación de poderes. La Justicia trabaja en un mundo que no le es favorable, pero su avance, desde la Constitución, aunque con excepciones, es “ejemplar”, aplicando la ley en un ordenamiento jurídico cada vez más complejo e interiorizando el derecho de la Unión Europea. La Justicia, por tanto, “está en su sitio”, pero se ha deformado por ese “ruido constante” sobre ella en el que todo el mundo opina sobre lo que debe hacer sin dejarle que obre naturalmente.

También se lamenta de la “mala utilización” de los medios alternativos de solución de conflictos; el pleito, aunque se gane, nunca satisface a las partes, porque produce una situación de hostilidad que los otros mecanismos pueden mitigar. Y se refiere al aspecto económico de las deficiencias del sistema, de “la factura de la injusticia”: una resolución no pronta, no efectiva, siempre es mucho más cara que la factura de la Justicia. El derecho a la tutela judicial tiene que ser efectivo, y eso exige unos periodos determinados de respuesta que en España varían mucho según los distintos tipos de litigios, se produzcan en el ámbito rural o urbano, etc. Pero, en su opinión, no es verdad que la Justicia siempre sea lenta, y su dotación puede estar en la media de los países de nuestro entorno, sin perjuicio de que pueda mejorarse. La cuestión es la mejora de la eficiencia en la utilización de esos recursos, algo para lo que la digitalización es esencial. 

 

MEDIDAS PARA MEJORAR. María Emilia Casas se refirió a las tres leyes de eficiencia (procesal, organizativa y digital) que han quedado pendientes en esta legislatura, necesarias porque, insiste, no es solo una cuestión de presupuestos “sino de buena utilización de los medios”, de un trabajo organizado correctamente, “como ha hecho la Procura según ese informe”. Hay que corregir además de forma urgente la “impresionante” crisis institucional actual, recuperando la dignidad de las instituciones. Ha concluido una legislatura en la que no se ha renovado el CGPJ, y otros órganos lo han hecho tardíamente. Califica esta situación de “bochornosa” y “límite”, que no se debe volver a producir y “que no nos merecemos como democracia que somos”, ya que es muy difícil poner las instituciones en funcionamiento “y que sean respetadas”, pero “es muy fácil destruirlas”. Es “esencial” educar a las nuevas generaciones en el respeto a esa institucionalidad democrática, ya que “si los jóvenes ven que da igual hacer una cosa que otra, porque no pasa nada, no estamos en la línea”.

En su opinión, “en la Ley del TC y la del CGPJ nos equivocamos porque no fuimos capaces de prever una situación como la que hemos vivido, y habría que haber establecido alguna norma de terminación inmediata del ejercicio de  funciones” a la finalización del mandato, como ocurre en otros países. Es necesario un pacto de Estado por la Justicia, corregir aquellas instituciones que no han funcionado reformando las leyes orgánicas, sin necesidad de modificar la Constitución, algo que por otra parte no ve viable en este momento. Y de la que tiene muy buena opinión porque “es la mejor que se ha hecho, madura, sigue siendo el elemento central de nuestra convivencia y donde el consenso es mayor, aunque se haya intentado romper por los populismos”.

MIQUEL ROCA, abogado y uno de los «padres» de la Constitución

 

LA PROCURA CUMPLE; A OTROS LES TOCA TRABAJAR. Para el exportavoz del Grupo Catalán en el Congreso, el informe de la Procura “está muy bien” porque demuestra que la profesión “ha hecho los deberes”, sabe cuáles son sus funciones y cómo puede mejorar, y ha analizado la vertiente económica de su actividad. Pero ella no es la responsable de los males de la Justicia. “A alguien le toca hacer otros deberes” y tomarse la situación “en serio”. La Justicia, que “tiene mucha calidad” y funciona, “chirría” un poco por una razón: “nadie se la toma en serio”. La sociedad española vive al margen del concepto de la Justicia, y los ciudadanos “y muchos comentaristas de los medios de comunicación” y “líderes de opinión” se convierten cada día “en el juez que interpreta antes que los jueces lo que debe de hacerse, lo que debe de decirse”, critican cuando no coincide con su criterio, domina la “frivolización” y “ha desaparecido de nuestro hábitat la presunción de inocencia”. 

Un grave problema es que quizás el sistema educativo “no enseña a nuestros jóvenes que esto de la Justicia es algo que vale la pena, que es algo importante. Que no hay libertad, democracia ni Estado de derecho” sin ella. Se ha trasladado a la Justicia una presión social ex ante, ya no se espera la sentencia, por lo que toca reflexionar sobre qué podemos hacer para que el valor de la Justicia sea comprendido como tal en nuestra sociedad. “La democracia va de conseguir la Justicia, la libertad encuentra en la Justicia su garantía. ¿Este es un debate que interesa o no interesa? Parece que no”, reflexiona Miquel Roca.

APUNTES SOBE LA JUSTICIA. Para el ciudadano no hay pleito pequeño. En España tenemos una muy buena calidad de jueces y magistrados, con independencia de que se pueda discrepar de una determinada sentencia o doctrina. Con una característica que según el abogado debería explicarse: el sistema judicial “hace normal” el error. En todo el sistema hay una invitación a la rectificación a través de los recursos y las diferentes instancias, un concepto que solo existe en el campo de la Justicia; los demás poderes “nunca se equivocan, aunque en algún caso reciente lo más sensato que se hizo fue rectificar”. “Yo constitucionalizaría el derecho a equivocarse, sin él no hay libertad, innovación… Uno puede equivocarse, esto es fundamental, y la Justicia lo reconoce. Esto de por sí califica y honora un sistema”

Segunda cuestión: el Estado de derecho hace que la sociedad sea mucho más exigente en la garantía, ya que entre todos “hemos fabricado” una sociedad garantista. En ella los ciudadanos ejercen mucho más sus derechos, por eso se hace más uso de la Justicia que en otros sistemas más autoritarios. Por todo ello se debe multiplicar “por mucho” el activo de la Justicia, para que no se quede en una mera declaración de intenciones. “Se ha de valorar lo que la Justicia está haciendo, porque no puede dar respuesta al nivel de exigencia que la sociedad le traslada”. En su defensa, explicó Miquel Roca, “hay que decir que hay un ahogo que no lo ha generado la Justicia”, ya que hay dos tipos de lentitud: la del que es lento y la del que no puede hacer todo lo que tiene que hacer, por lo que “no hay más remedio que dotarla para que pueda dar respuesta”. 

 

“NADIE CREE EN LAS INSTITUCIONES”. A la sociedad le falta un auténtico sentido institucional. Muy a menudo, el legislador quiere ser juez; “voy a hacer una ley que el juez no pueda hacer otra cosa que interpretarla como yo digo”. Y a veces el juez, en su considerando, “aprovecha el viaje” para decir “a ver si legislan bien”. El sentido institucional “es básico”, entre otras razones, por el “efecto ejemplarizante” que tiene en la sociedad, y porque es muy difícil que las cosas funcionen cuando, por principio, se pone en cuestión. Y un apunte sobre la Transición, en la que fue protagonista: “transitamos siempre”. La digitalización o la Inteligencia Artificial van a abrir nuevos periodos de transición, siempre estamos en una época de tránsito, algo que para el derecho tiene todo el sentido del mundo “porque en la aplicación del derecho no solo está el texto, sino también el contexto”.

Si no hay un sentido institucional que dé amparo a este permanente cambio que una sociedad contemporánea vive, la situación se vuelve muy complicada. El hecho institucional en España está en crisis, “y alguien tendrá que reinterpretarlo”. Muchas críticas que se vierten sobre la Justicia se efectúan en función de la crítica que se hace a las instituciones en general, “y eso lo hace un poco más peligroso y complicado”. El derecho, aseguró Miquel Roca, “convive muy mal con la simplicidad y el populismo. El derecho y la Justicia están en el matiz, en la reflexión, en la ponderación, una cierta lentitud… El populismo va por libre por todos los barrios. Cuando construir el argumento es difícil, la simplicidad es fantástica. La simplicidad valora muy poco el derecho, la Justicia, el sentido institucional. Tenemos que hacer una reflexión muy en serio como país”.

Con un factor más: la globalización, que “nos ha complicado mucho la vida”. “O enseñamos y nos educamos en la complejidad”, o la respuesta es “el simplismo”.

PROBLEMA DE RESPETO. El derecho tiene un elemento fundamental: que se quiera cumplir. Por tanto, aquellos que tienen una responsabilidad institucional deben saber que hay un límite, que es respetar la diversidad. La Constitución no solo obliga a respetar la diferencia, sino también a hacerla posible. Eso es el respeto institucional. Sin respeto no hubiera sido posible la Constitución de 1978. Para ejemplificar esta idea cuenta una anécdota: cuando se sentó a elaborar la Constitución con Manuel Fraga, exministro de Franco y fundador de Alianza Popular, comentaba medio serio, medio en broma, “a ver cuándo este nos va a detener”, en alusión a la desconfianza que le suscitaba entonces el líder de la derecha. Y, sin embargo, cuando falleció, “lloré en su funeral”.

LUIS MARÍA CAZORLA, abogado y presidente de la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

ACTO EMOTIVO. Para Luis Cazorla, que el año pasado recibió el Premio Excelencia y Calidad en la Justicia de la Procura, este era un acto emotivo, porque era el último en el que iba a participar en la sede del Palacio de la Bolsa, ya que pocos días después se jubilaba tras 21 años como secretario general de Bolsas y Mercados Españoles, aunque continuará ejerciendo la Abogacía. Él también destaca las múltiples funciones que realizan los procuradores, la trascendencia económica de la profesión, “y lo bueno que es pararse, reflexionar, y decir qué he sido, qué soy, y qué tengo que ser”, idea motriz del informe de la Procura. 

DESPRECIO AL DERECHO. En su opinión, corre por la sociedad española y por los poderes públicos “una muy peligrosa fronda de desprecio al derecho y a los juristas” que se desprende de afirmaciones del tipo “todo jurista es conservador y reaccionario”, “el derecho es un obstáculo para el progreso, no el camino para ello”, “que si la técnica legislativa es deficiente, que si los jueces no tienen ni idea”, y todo ello pone “en serio peligro” el Estado de derecho. Tiene un aspecto educativo, por el que hay que trabajar, que se deriva de lo que la clase política dirigente ejemplariza y transmite. A través del derecho “se puede conseguir todo, lo contrario es la selva”. Su experiencia como abogado en ejercicio es que la labor de los jueces es muy positiva, aunque se quejó de la falta de jueces especializados en materia tributaria. Y destaca el “funesto ejemplo” que está causando la no renovación del CGPJ, poniendo todos los días de manifiesto que tenemos un sistema jurídico “que es incapaz de resolver constitucionalmente Corriente de “desprecio al derecho y a los juristas” LUIS MARÍA CAZORLA, abogado y presidente de la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación un problema”, debido también a la “brutal extensión del sistema de partidos” que se ha metido “hasta las entrañas de las instituciones”. 

Habría que buscar por tanto la fórmula para que no se pueda repetir la situación que se ha producido en el CGPJ, predominando “la lógica del mérito y capacidad sobre la de filias o fobias políticas”, y volver a “las esencias del procedimiento parlamentario”. Al juez se le pone en un compromiso con una mala ley, “y no se le puede decir que usted aplica mal la mala ley, porque no la aplica como yo político quiero que la aplique”.

DEMASIADOS ASUNTOS. Es necesaria una modificación la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acompañada con un fortalecimiento de la independencia de la Fiscalía, introducir en la magistratura la especialización por sectores y fomentar las soluciones extrajudiciales para que no lleguen tantos asuntos a los órganos judiciales. La Justicia es garantista, y por naturaleza tiene que ser relativamente lenta, no puede dar respuestas inmediatas. Lo que sí se puede plantear son mecanismos para que no lleguen tantos asuntos que la abrume, ya que, por ejemplo, “la Administración, como regla general, se quita el muerto de encima” dejando que sean los jueces quienes resuelvan muchos temas, particularmente los de naturaleza económica

JUAN DAMIÁN MORENO, catedrático de Derecho Procesal

EFICACIA SÍ, PERO NECESIDAD DE APROVECHAR MEJOR LOS RECURSOS. El informe presentado por la Procura constituye “un fiel reflejo de la realidad”, no solo de los procuradores, sino de la Justicia, ya que está hecho desde la óptica de los profesionales que cotidianamente trabajan en contacto con los tribunales. Y además aporta claves de la Justicia del futuro, apostando por la vía de la digitalización. Desde la perspectiva académica, el catedrático afirma que “nuestra Justicia es muy eficaz” ya que ampara los derechos de los ciudadanos, respeta las garantías procesales y tiene “una gran calidad y capacidad de acertar”. Gracias también a la jurisprudencia que ha ido elaborando el Tribunal Constitucional, “podemos sentirnos muy orgullosos de la calidad de la Justicia que tenemos y de su eficacia”. Cuestión distinta, objeta, es la eficiencia, ponderar si se están aprovechando bien los recursos disponibles para que la Justicia sea más ágil y cercana, “y en eso hay que hacer algo de crítica”. En su opinión queda mucho por hacer desde el plano organizativo, como demuestran las reformas que han quedado pendientes en el Parlamento con las leyes de eficiencia. “Y en todo eso los procuradores tienen mucho que decir y un futuro que se augura muy prometedor”, sostiene. 

DIGNIDAD DEL PODER JUDICIAL. Todos los profesionales que intervienen en la Justicia, y los integrantes del Poder Judicial, “realizan una labor admirable, heroica muchas veces”, trabajando en ocasiones en condiciones muy difíciles. Pero toda esa labor se ha visto empañada por diversas

 

 

circunstancias, procedentes algunas de los medios de comunicación y otras de la clase política, “que no ha respetado la dignidad del Poder Judicial”, lo que origina la imagen “distorsionada” que los ciudadanos tienen de la Justicia. Además, poner el foco del debate político en la renovación o no del CGPJ y otros cargos institucionales “es un cóctel explosivo que hace mucho daño a la propia Justicia”. En la percepción general se ha trasladado una imagen de deterioro de las instituciones. Con dos aspectos: la sensación que tienen los ciudadanos de que los jueces pueden hacerlo todo, se espera más de ellos de lo que pueden ofrecer, ya que están muy limitados en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley; y en segundo lugar, algo que ayudaría a eliminar esa percepción de los ciudadanos es que las instituciones políticas y judiciales, y todos los que las representan, respeten asimismo a sus instituciones, que sepan que están representando a un poder del Estado y que su misión es ser leal a las leyes y a la Constitución. “Con que al menos hiciesen ese examen de conciencia, de respetarse a sí mismos, aumentaría la percepción que los ciudadanos tienen de la Administración de Justicia”. 

FALTA DE MEDIOS. El problema más grave que aqueja a la Justicia es a su juicio la falta de medios, disfunción que no se soluciona sobrecargando los presupuestos “para ir creando de manera desordenada más órganos judiciales”, sino aportando estructuras más eficientes. En algunos órdenes jurisdiccionales la Administración de Justicia, señala, sigue siendo del siglo XIX, “con jueces y más jueces a lo largo de toda España”, aplicando leyes procesales del siglo pasado que necesitan una actualización. Esa es la asignatura pendiente que ha tratado el Gobierno de impulsar con las tres leyes de eficiencia organizativa, digital y procesal, pero “nos hemos quedado con la miel en los labios”. Habrá que volver a empezar en la nueva legislatura, “esperemos que se renueven esos compromisos de la clase política”, con la ayuda “inestimable de los procuradores, que con este informe que nos han presentado, y con todo el trabajo que están desarrollando, son un valor fundamental para mirar al futuro al menos desde el punto de vista de la digitalización, que está ayudando muchísimo a eliminar barreras”.


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