La Nueva Cotización de Autónomos

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2023 del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, se implanta un nuevo sistema de cotización para los autónomos, de tal manera que desaparece el antiguo sistema de libertad de elección de base de cotización (entre un mínimo y un máximo fijados legalmente) y se establece una cotización en función de sus rendimientos netos anuales, obtenidos en el ejercicio de todas sus actividades económicas, empresariales o profesionales (independientemente de que las realicen de forma individual o como socios de sociedades o entidades que justifiquen su alta en autónomos).

Hasta la llegada de dicha nueva norma, el aseguramiento de estos trabajadores trataba de conciliar la obligación de los autónomos de asegurarse a su exclusivo cargo con una amplia libertad en la elección de las bases de cotización, que permitiera al autónomo elegir su estrategia de  aseguramiento y adaptarla a sus circunstancias económicas y personales. 

El nuevo sistema implantado desde 1 de enero de 2023 por el Real Decreto-ley 13/2022 supone una considerable disminución de la libertad del autónomo, ya que no solo se encuentra obligado a asegurarse a su exclusivo cargo, sino que además se coarta la libertad de elección de base existente hasta la fecha, restringiendo dicha libertad de elección a un sistema de tramos (con un respectivo mínimo y máximo) en función de los ingresos netos anuales (con una tabla general, y el añadido de una tabla reducida para ingresos netos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional). 

Pese a que se establece un sistema transitorio de aplicación gradual durante 9 años hasta su despliegue íntegro con fecha 1-1-2032, se advierte en los tres primeros años de dicho sistema transitorio (2023, 2024 y 2025, los únicos que se han establecido hasta ahora) un ostensible incremento paulatino de las bases mínimas de cada tramo (de la tabla general) que llega a alcanzar hasta un 26 % de subida en solo 2 años (2024 y 2025) en algunos de esos tramos. Aunque aparentemente esos tres primeros años siguen manteniendo bases mínimas asequibles en cada tramo, la tendencia progresiva de incremento anual desproporcionado de las bases mínimas hace previsible un achatamiento de los tramos en detrimento de los mínimos que se incrementan de forma vertiginosa. de los mínimos que se incrementan de forma vertiginosa. Ello augura una progresiva e imparable reducción de la libertad de elección de base de cotización. Además, como se analizará más adelante, el establecimiento en la nueva norma de una tabla reducida para aquellos trabajadores por cuenta propia con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional parece pretender acabar con la hasta ahora jurisprudencialmente admitida exención de la obligación de alta y cotización en tales casos. Pues bien, el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, exige a los autónomos desde el pasado 1 de enero de este año cotizar en función de sus rendimientos netos anuales, obtenidos en el ejercicio de todas sus actividades económicas, empresariales o profesionales. Es por ello por lo que todos los autónomos deberán declarar a la Tesorería General de la Seguridad Social todas las actividades que realicen como autónomo, para que esta entidad pueda conocer todas sus fuentes de posibles ingresos. 

Y para determinar la base de cotización, deberá calcularse el rendimiento neto total anual de todas las actividades que el autónomo desarrolle como tal, efectuándose dicho cálculo conforme a lo previsto en la ley del IRPF. A dichos rendimientos netos deberá sumarse el importe de las cuotas abonadas a la Seguridad Social (o a mutualidades alternativas). En el caso de autónomos societarios, el rendimiento neto se obtendrá de la suma de los rendimientos íntegros, dinerarios o en especie, derivados de la participación en los fondos propios de aquellas entidades en las que reúna, en la fecha de devengo del Impuesto sobre Sociedades, una participación igual o superior al 33 % del capital social, o, teniendo la condición de administrador, una participación igual o superior al 25 %, así como la totalidad de los rendimientos de trabajo derivados de su actividad en dichas entidades; y también, los rendimientos íntegros de trabajo o capital mobiliario, dinerarios o en especie, derivados de su condición de socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado; o socios o comuneros de sociedades regulares colectivas y de sociedades comanditarias o de sociedades civiles irregulares o comunidades de bienes; o socios trabajadores de las sociedades laborales cuando su participación en el capital social alcance, al menos, el 50 %.

Del importe resultante se deducirá un 7 % en concepto de gastos generales, que se reduce a un 3 % en el caso de socios con el 33 % o más del capital social, o administradores sociales con el 25 % o más del capital social. 

Anualmente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá una tabla general y una tabla reducida, ambas por tramos de rendimientos, a los que corresponderán a su vez unos tramos (entre un máximo y un mínimo) de base de cotización mensual. Los autónomos deberán declarar cada año (o en el momento de tramitar su alta) ante la Tesorería General de la Seguridad Social su previsión de rendimientos anuales y elegir la base de cotización dentro del tramo correspondiente al tramo de ingresos previsto. Si a lo largo del año cambia la previsión de tales rendimientos, puede ajustarse con la elección de base de cotización hasta en 6 ocasiones al año (con efectos del 1 de marzo, 1 de mayo, 1 de julio, 1 de septiembre, 1 de noviembre o 1 de enero del año siguiente). En el año siguiente, y conforme a la información tributaria suministrada por la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social realizará de oficio una comprobación, y en su caso regularización de la cotización, en función de los rendimientos reales finalmente acreditados. Si se cotizó durante el año por una base inferior a la mínima del tramo correspondiente a los ingresos reales, se concederá un plazo para abonar la diferencia de cotización sin recargo. Si se cotizó durante el año por una base superior a la máxima del tramo correspondiente a los ingresos reales, se devolverá de oficio al autónomo el exceso cotizado indebidamente. Excepcionalmente, los trabajadores por cuenta propia que a 31 de diciembre de 2022 vinieran cotizando por una base de cotización superior a la que les correspondería debido a sus rendimientos estimados, podrán mantener en 2023 dicha base de cotización, aunque sus rendimientos determinen la aplicación de una base de cotización inferior. Como se apuntaba, la disposición transitoria 1ª del Real Decreto-ley 13/2022 establece un sistema transitorio para la aplicación del nuevo sistema de elección de base de cotización según los ingresos netos anuales. Dicho sistema se aplicará progresivamente durante nueve años (hasta el 1 de enero de 2032) con revisiones periódicas cada tres años. La norma de momento establece la aplicación transitoria durante los primeros tres años (2023, 2024 y 2025), conforme a la siguiente escala: Los trabajadores por cuenta propia que causen alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos (salvo los que lo hicieran como familiares del autónomo) podrán solicitar en el momento del alta la aplicación de una tarifa plana de 80 euros (importe establecido entre los años 2023 y 2025) de cuota mensual durante los primeros 12 meses desde la fecha de alta (siempre que no hayan estado dados de alta en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de efecto de la nueva alta, o bien tres años, en caso de haber disfrutado previamente de esta deducción). Una vez superado dicho periodo inicial, podrá solicitarse un periodo adicional de otros 12 meses de dicha tarifa plana si durante los ejercicios que abarque dicho nuevo periodo los ingresos netos anuales resultaran inferiores al salario mínimo interprofesional. 

 Cuando este supuesto de tarifa plana afectara a discapacitados, víctimas de violencia de género o de terrorismo, el primer periodo de tarifa plana de 80 euros se extenderá durante 24 meses, pudiendo solicitarse la prórroga durante hasta 36 meses más (aunque ya de 160 euros de cuota) si los ingresos anuales netos no superan el salario mínimo interprofesional. Para los años 2026 y siguientes la cuota de dicha tarifa plana se establecerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

Finalmente, con el advenimiento del nuevo sistema de cotizaciones vuelve a ponerse sobre la mesa, quizá ahora con más intensidad, la cuestión de la habitualidad en el ejercicio de la actividad como autónomo como uno de los elementos definitorios del campo de aplicación del régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores autónomos. El artículo 305 de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre), en su apartado 1, establece:

“Estarán obligatoriamente incluidas en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos las personas físicas mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena, en los términos y condiciones que se determinen en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo”. La escueta redacción de la norma en este punto hizo correr ríos de tinta sobre qué debía entenderse por “habitualidad” en el ejercicio de una actividad económica o profesional. Parece evidente que la norma admite excluir del régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores autónomos a quienes desarrollan su actividad de una manera esporádica y poco significativa. Pero la ley no traza de una forma clara la línea definitoria de dicha habitualidad. Es por ello por lo que nuevamente la jurisprudencia se vio obligada a interpretar y definir con precisión el concepto de habitualidad, al tratarse de un concepto etéreo y de definición incompleta en la norma.

Ante la dificultad de encontrar un criterio objetivo fiable y estable, que permitiera una interpretación segura para lo sucesivo, los tribunales se orientaron por calificar dicha habitualidad más desde una perspectiva económica que desde una perspectiva temporal. Y así, la jurisprudencia se orientó fundamentalmente (aunque con algunas matizaciones) por considerar que la nota definitoria de habitualidad se cumplía en el momento en el que el trabajador por cuenta propia alcanzaba en sus ingresos netos anuales el umbral del salario mínimo interprofesional que en cada año se encontrase vigente. Las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1997 y de 20 de marzo de 2007, entre otras muchas, establecen dicho criterio.

Aunque la Seguridad Social nunca ha efectuado un reconocimiento definitivo de esta jurisprudencia, y solía objetar que se refería fundamentalmente al colectivo de los agentes de seguros y no podía generalizarse para todos los trabajadores autónomos en general, lo cierto es que venía constituyendo una doctrina de aplicación pacífica.

Sin embargo, la llegada del nuevo sistema de cotización para los autónomos aplicable desde el 1 de enero de 2023 vuelve a hacer estallar la cuestión, toda vez que en el nuevo sistema se contempla una tabla de cotización reducida que incluye tramos para los perceptores de ingresos netos inferiores al umbral del salario mínimo interprofesional. Se trata, pues, de una cierta revolución que, aparentemente, pretende contradecir el criterio jurisprudencial mantenido hasta ahora. El problema surge por el hecho de que la norma sigue exigiendo como uno de los elementos definitorios del trabajador autónomo la habitualidad en la prestación de los servicios. Y si el nuevo sistema de cotización prevé tramos de cotización para ingresos netos anuales inferiores al salario mínimo interprofesional, cabe preguntarse qué debe entenderse entonces ahora como habitualidad, al haber aparentemente destronado el nuevo sistema al elemento económico (umbral del salario mínimo interprofesional) como elemento definitorio. Especialmente, teniendo en cuenta que el nuevo sistema no establece ningún sistema objetivo alternativo, temporal por ejemplo, de valoración de la habitualidad.

Resulta, por otra parte, muy significativo que la propia Seguridad Social, en su página web, en una serie de preguntas y respuestas que tratan de ilustrar sobre la aplicación del nuevo sistema, establece:

“¿Se tiene que dar de alta en RETA una persona trabajadora autónoma que perciba unos ingresos mínimos anuales inferiores a la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional? El nuevo sistema de cotización en el RETA no modifica las condiciones de encuadramiento. Si la actividad económica o profesional, es realizada por la persona trabajadora a título lucrativo, de forma habitual, personal y directa, fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, deberá darse de alta en el RETA, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

En este sentido, la tabla reducida de bases de cotización establecidas para los años 2023, 2024 y 2025, determina las bases de cotización mínimas y máximas para rendimientos inferiores, en cómputo mensual, al límite inferior del tramo 1 de rendimientos de la tabla general de bases”. La respuesta de la Seguridad Social resulta un tanto contradictoria o insegura, toda vez que indica que el nuevo sistema no modifica las condiciones de encuadramiento, y se mantiene el criterio de habitualidad. Ello debería suponer entonces que se mantiene el criterio jurisprudencial de habitualidad como superación del umbral del salario mínimo interprofesional, que se ha venido manteniendo pacíficamente hasta ahora. Sin embargo, a continuación reconoce la existencia de una tabla de cotizaciones reducida para ingresos netos inferiores al salario mínimo interprofesional.

Ello arroja un panorama preocupante para aquellos trabajadores por cuenta propia perceptores de ingresos netos inferiores al salario mínimo interprofesional. Teóricamente, podrían seguir invocando la jurisprudencia previa que identifica la habitualidad con la superación del umbral del salario mínimo interprofesional, ya que dicha nota de habitualidad no ha sido eliminada ni modificada, y la norma no ha establecido de forma fija e indubitable un criterio objetivo alternativo. Sin embargo, la creación de la tabla reducida de cotizaciones supone una lógica preocupación para estas personas, al establecerse su aplicación como de carácter obligatorio, y en ningún caso voluntario.

Quizá la futura intervención de los tribunales termine resolviendo nuevamente esta contradicción surgida de la nueva norma entre la valoración de la habitualidad desde una perspectiva estrictamente económica y la imposición por el nuevo sistema de una cotización reducida para los trabajadores por cuenta propia con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.

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