Inhabilidad de la Navidad: un primer paso del camino a la conciliación

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 23 de diciembre recogía por fin la disposición que declaraba inhábiles a efectos procesales los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, ambos inclusive, con un fin incontestable: “Compatibilizar los principios de seguridad jurídica, el derecho de defensa y los derechos de los y las profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia, concretamente, el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en dicho periodo”.

Esta medida no supone la paralización de la actividad
en los órganos y oficinas judiciales, que continuarán
prestando el servicio público; tan solo afecta al
cómputo procesal de los plazos, que se verá interrumpido
y que se reanudará inmediatamente después del
transcurso de este periodo. La inhabilitación no implica
el cierre de los órganos jurisdiccionales en esas fechas ni
afecta a las causas urgentes ni a las guardias, que seguirán
funcionando con normalidad, tal y como sucede en la actualidad
durante el mes de agosto, ya establecido como
inhábil en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se garantiza
así la opción de que procuradores, abogados y graduados
sociales puedan disfrutar si así lo desean, por fin, de unas
vacaciones de Navidad libres de la perenne amenaza de los
plazos insalvables, la prescripción de trámites o la llamada
inopinada de un cliente.
El Ministerio de Justicia logró así cumplir el compromiso
que había adquirido con las profesiones al recoger
esta medida en las disposiciones adicionales de la reforma
exprés que despenalizaba la sedición y rebajaba las penas
de la malversación, aunque el título oficial de la norma, sin
embargo, es Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de
transposición de directivas europeas y otras disposiciones
para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento
de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad
moral, desórdenes públicos y contrabando de armas
de doble uso.
La pretensión inicial era que esta iniciativa fuera una de
las medidas de la nueva Ley de Eficiencia Procesal, pero el
retraso de la fecha prevista para su aprobación hizo que,
ante la insistencia de los consejos generales de procuradores
y abogados, se buscase una solución alternativa y
se aprobase en otro paquete legislativo para que pudiera
llegar a tiempo y ser disfrutada en estas pasadas navidades,
en vista del acuerdo mayoritario que suscitaba en todas las
partes implicadas y la demanda social de la misma.
Hasta el último momento, sin embargo, se temió que la
reforma no saliera adelante debido a la crisis institucional
que se desató tras la decisión del Tribunal Constitucional de
suspender cautelarmente el debate sobre la modificación
de las reglas de renovación del órgano constitucional.
La disposición modifica la Ley del Poder Judicial de 1985,
de forma que a efectos procesales habrá una serie de días
del año sin actividad, en los que se paralizan los plazos y se
despejan los temores a posibles vencimientos para presentar
un determinado escrito en fechas navideñas.
La medida no afecta a los asuntos urgentes como, por
ejemplo, los supuestos de impugnación de vacaciones en
la jurisdicción laboral, en la que se contemplan varias excepciones.
Como dispone la norma, “tampoco serán inhábiles
dichos días para la adopción de actos preparatorios, medidas
precautorias y medidas cautelares, en particular en
materia de prevención de riesgos laborales, accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, así como para otras

actuaciones que tiendan directamente a asegurar
la efectividad de los derechos reclamados o para
aquellas que, de no adoptarse, pudieran dar lugar
a un perjuicio de difícil reparación”.
Todos los colectivos expresaron su satisfacción
por el avance que supone esta medida. Juan
Carlos Estévez, presidente del Consejo General de
Procuradores, hizo pública su alegría tras la consecución
de esta demanda al constatar que “el
trabajo y la permanente reivindicación en defensa
de la conciliación personal y profesional de los
procuradores por parte del CGPE ha dado sus frutos”,
aunque recuerda que queda todavía mucho
camino por recorrer en este campo.
En sentido parecido, la presidenta del Consejo
General de la Abogacía, Victoria Ortega, aseguró
por su parte que el Parlamento “había hecho
justicia” con los profesionales reconociéndoles el
derecho a la conciliación en Navidad, por lo que
se mostró muy satisfecha, “pero vamos a seguir
reclamando para que ese derecho a conciliar sea
una realidad en todos los aspectos, como las situaciones
de enfermedad o de fallecimiento de
un familiar”.
Desde el Ministerio de Justicia se recordó que
había sido una apuesta personal de la ministra,
Pilar Llop, quien había hecho todo lo posible para
que la medida entrara en vigor en 2022. La propia
ministra dijo en un tuit que por fin se había
podido cumplir “una reivindicación histórica de
la Abogacía y la Procura de nuestro país” con “un
gran avance, largamente esperado, en conciliación
y corresponsabilidad”. 

Esta disposición, acelerada por la inminencia de las navidades, es una de las muchas que en materia de conciliación personal, familiar y laboral se recogen en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del servicio público de Justicia, y que se espera pueda ser aprobado definitivamente en los próximos meses. Los colectivos de la Procura, la Abogacía y los Graduados Sociales aspiran a la regulación de otra serie de medidas largamente demandadas por sus colegios y consejos profesionales.

Todas aquellas que se consideran compatibles con el
derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía
y no ocasionadoras de indefensión se han regulado
en el Proyecto, tanto en lo que se refiere a la declaración
de inhabilidad del periodo navideño (artículos 130 y
162 LEC y artículo 43 LRJS) como a la suspensión de vistas
u otros actos procesales, de actos de comunicación y del
curso del procedimiento cuando acontezcan determinadas
circunstancias personales o familiares de estos profesionales
que así lo exijan (artículos 134, 151, 162, 179, 183, 188 LEC y
artículo 83 LRJS).

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

1) Se modifica el apartado 2 del artículo 130:
«2. Son días inhábiles a efectos procesales los sábados
y domingos, y los días que median entre el 24
de diciembre y el 1 de enero del año siguiente, ambos
inclusive, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos
laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o
localidad. También serán inhábiles los días del mes de
agosto».

2) Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 134:
«3. También podrán interrumpirse los plazos y demorarse
los términos durante un plazo de tres días hábiles
cuando por los colegios de procuradores se comuniquen
causas objetivas de fuerza mayor que afecten a un
procurador tales como maternidad, paternidad, acogimiento
o adopción, enfermedad grave y accidente con
hospitalización, fallecimiento de parientes hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad o baja laboral
certificada por la seguridad social o sistema de sanitario
o de previsión social equivalente».

3) Se modifica el apartado 2 del artículo 151:
«2. Los actos de comunicación al Ministerio Fiscal,
a la Abogacía del Estado, a los letrados de las Cortes
Generales y de las asambleas legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, o de
las demás administraciones públicas de las comunidades
autónomas o de los entes locales, así como los que se
practiquen a través de los servicios de notificaciones
organizados por los colegios de procuradores se tendrán
por realizados al día siguiente hábil a la fecha de
recepción que conste en la diligencia o en el resguardo
acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación
se haya efectuado por los medios y con los
requisitos que establece el artículo 162. Cuando el acto
de comunicación fuera remitido con posterioridad a las
15:00 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil.
En el caso de acreditación por parte de un procurador
de una causa de fuerza mayor de las contempladas en
el artículo 134, los colegios de procuradores podrán suspender
el reenvío del servicio de notificaciones durante
un plazo máximo de tres días hábiles».
4) Se modifica el artículo 162:
«Artículo 162. Actos de comunicación por medios
electrónicos, informáticos y similares. Cuando las oficinas
judiciales y las partes o los destinatarios de los actos
de comunicación estén obligados, legal o contractualmente,
a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos,
telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante,
que permitan el envío y la recepción de escritos
y documentos, de forma tal que esté garantizada la
autenticidad de la comunicación y de su contenido y
quede constancia fehaciente de la remisión y recepción
íntegras y del momento en que se hicieron, o cuando los
destinatarios opten por estos medios, los actos de comunicación
se efectuarán por aquellos, con el resguardo
acreditativo de su recepción que proceda.
Los profesionales y destinatarios obligados a utilizar
estos medios, así como los que opten por los mismos,
deberán comunicar a las oficinas judiciales el hecho de
disponer de los medios antes indicados y la dirección
electrónica habilitada a tal efecto. Asimismo, se constituirá
en el Ministerio de Justicia un registro accesible
electrónicamente de los medios indicados y las direcciones
correspondientes a los organismos públicos y
profesionales obligados a su utilización. En cualquiera de
los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando
constando la correcta remisión del acto de comunicación
por dichos medios técnicos, salvo los practicados a
través de los servicios de notificaciones organizados por
los colegios de procuradores, transcurrieran tres días sin
que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá
que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando
plenamente sus efectos.
Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario
justifique que no pudo acceder al sistema de
notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso
se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el
momento de ponerse en conocimiento de la Administración
de Justicia, el acto de comunicación se practicará
mediante entrega de copia de la resolución. En este supuesto,
no obstante, en el caso de producirse el acceso
transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación
mediante entrega, se entenderá válidamente
realizada la comunicación en la fecha que conste en
el resguardo acreditativo de su la recepción electrónica.
Se exceptuarán también aquellos supuestos de fuerza
mayor en que los Colegios de Procuradores hayan
suspendido el reenvío del servicio de notificaciones durante
el plazo máximo de tres días según lo previsto en
el artículo 151.2.
No se practicarán actos de comunicación a los profesionales
por vía electrónica durante los días del mes
de agosto ni durante los días que median entre el 24
de diciembre y el 1 de enero del año siguiente, ambos
inclusive, salvo que sean hábiles para las actuaciones que
corresponda.
Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos,
dictámenes o informes presentados o transmitidos
por los medios a que se refiere el apartado anterior solo
pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen
directo o por otros procedimientos, podrán, no obstante,
ser presentados en soporte electrónico mediante imágenes
digitalizadas de los mismos, en la forma prevista
en los artículos 267 y 268 de esta ley, si bien, en caso de
que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de
familia, de medidas judiciales de apoyo de personas con
discapacidad o de filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo
solicitasen, habrán de aportarse aquéllos en su soporte
papel original, en el plazo o momento procesal que a tal
efecto se señale».

5) Se añaden nuevos apartados 3, 4 y 5 al artículo 179:
«3. También se suspenderá el curso del procedimiento,
a solicitud del profesional de la abogacía, por el fallecimiento,
accidente o enfermedad graves de su cónyuge,
de persona a la que estuviese unido por análoga relación
de afectividad o de un familiar dentro del primer grado
de consanguinidad o afinidad. La suspensión se producirá
por tres días hábiles a contar desde el día siguiente al
hecho causante, plazo que podrá ser de hasta cinco días
hábiles cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento
a otra localidad. Estos plazos de suspensión quedarán
reducidos a dos y cuatro días hábiles, respectivamente, cuando el fallecimiento y las otras circunstancias señaladas
afecten a familiares en segundo grado de afinidad o
consanguinidad».
«4. La acreditación de las circunstancias expresadas
en el apartado anterior habrá de hacerse documentalmente
con el escrito solicitando la suspensión. Los documentos
que se aporten a tal fin se utilizarán exclusivamente
a los efectos de resolver sobre la solicitud, con
prohibición de divulgarlos o comunicarlos a terceros.
Para garantizar la protección de los datos e información
que tuvieran carácter confidencial, el tribunal atribuirá
carácter reservado a dicha documentación, que no se
unirá a las actuaciones, en las que el letrado de la Administración
de Justicia extenderá la oportuna diligencia
de constancia. Para el caso de que en el plazo por el
que se solicita la suspensión estuviere señalada alguna
vista u otro acto procesal, en la misma solicitud se indicarán,
además, todos los datos que sean necesarios de
las partes, los profesionales, peritos, testigos y demás
intervinientes para facilitar su localización y que puedan
ser informados a la mayor brevedad de la suspensión
acordada».
«5. El letrado de la Administración de Justicia, una vez
acreditada la causa invocada, dictará a la mayor brevedad
posible decreto acordando la suspensión del proceso
a todos los efectos y por el plazo que corresponda,
que deberá ser notificado de inmediato».
6) Se modifican la rúbrica y los apartados 1 y 2 del artículo
183:
«Artículo 183. Solicitud de nuevo señalamiento de
vista u otros actos procesales. Si a cualquiera de los que
hubieren de acudir a una vista u otro acto procesal le
resultare imposible asistir a ellos en el día señalado, por
causa de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad,
lo manifestará de inmediato al tribunal, acreditando
cumplidamente la causa o motivo y solicitando nuevo
señalamiento o resolución que atienda a la situación.
Cuando sea el abogado de una de las partes quien considerare
imposible acudir a la vista o acto procesal de
que se trate, si se considerase atendible y acreditada la
situación que se alegue, el letrado de la Administración
de Justicia hará nuevo señalamiento».
7) Se modifica el apartado 1 del artículo 188:
«1. La celebración de las vistas u otros actos procesales
en el día señalado solo podrá suspenderse, en los
siguientes supuestos:
1.º Por impedirlo la continuación de otra vista pendiente
del día anterior.
2.º Por faltar el número de magistrados necesario
para dictar resolución o por indisposición sobrevenida
del juez o del letrado de la Administración de Justicia, si
no pudiere ser sustituido.

3.º Por solicitarlo de acuerdo las partes, alegando
justa causa a juicio del letrado de la Administración de
Justicia.
4.º Por imposibilidad absoluta de cualquiera de las
partes citadas para ser interrogadas en el juicio o vista,
siempre que tal imposibilidad, justificada suficientemente
a juicio del letrado de la Administración de Justicia, se
hubiese producido cuando ya no fuera posible solicitar
nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo
183.
5.º Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta,
baja por maternidad o paternidad del abogado de
la parte que pidiere la suspensión o cualquier otra de
las circunstancias previstas en el apartado 3 del artículo
179, justificadas suficientemente, a juicio del letrado de
la Administración de Justicia, siempre que tales hechos
se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar
nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en
el artículo 183, siempre que se garantice el derecho a la
tutela judicial efectiva y no se cause indefensión.
Igualmente, serán equiparables a los supuestos anteriores
y con los mismos requisitos, otras situaciones
análogas previstas en otros sistemas de previsión social
y por el mismo tiempo por el que se otorgue la baja y la
prestación de los permisos previstos en la legislación de
la Seguridad Social.
En los casos de urgencia médica ocurrida el mismo
día de un señalamiento o dentro de las veinticuatro horas
inmediatamente anteriores, para la suspensión del acto
procesal bastará la aportación de cualquier medio que
permita al tribunal tener conocimiento de la situación
generadora de la necesidad de suspensión, sin perjuicio
de su necesaria acreditación posterior.
Si cualquiera de las circunstancias de este apartado 5º
afectaren al procurador de una de las partes y el hecho se hubiera producido sin la oportunidad de poder designar
en ese momento procurador sustituto, se suspenderá
igualmente la celebración de la vista, que no podrá volver
a señalarse hasta tres días después, con objeto de que
el colegio de procuradores pueda, en su caso, organizar
debidamente su sustitución.
6.º Por tener el abogado defensor dos señalamientos
de vista para el mismo día en distintos tribunales, resultando
imposible, por el horario fijado o por la distancia
existente entre ambos órganos judiciales, su asistencia
a ambos, siempre que acredite suficientemente que, al
amparo del artículo 183, intentó, sin resultado, un nuevo
señalamiento que evitara la coincidencia.
En este caso, tendrá preferencia la vista relativa a causa
criminal con preso o menor internado y, en defecto
de esta actuación, la del señalamiento más antiguo, y
si los dos señalamientos fuesen de la misma fecha, se
suspenderá la vista correspondiente al procedimiento
más moderno.
No se acordará la suspensión de la vista si la comunicación
de la solicitud para que aquella se acuerde se
produce con más de tres días de retraso desde la notificación
del señalamiento que se reciba en segundo lugar. A
estos efectos deberá acompañarse con la solicitud copia
de la notificación del citado señalamiento.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación
a las vistas relativas a causa criminal con preso o
menor internado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se hubiere podido incurrir.
7.º Por haberse acordado la suspensión del curso de
las actuaciones o resultar procedente tal suspensión de
acuerdo con lo dispuesto por esta ley.
8.º Por imposibilidad técnica en los casos que, habiéndose
acordado la celebración de la vista o la asistencia
de algún interviniente por medio de videoconferencia,  no se pudiese realizar la misma en las condiciones necesarias
para el buen desarrollo de la vista. Este régimen
de suspensión de las vistas será de aplicación, en lo que
proceda, a los demás actos procesales que estuvieren
señalados».

LEY REGULADORA DE
LA JURISDICCIÓN SOCIAL

1) Se modifica el apartado 4 del artículo 43:
«4. Los días del mes de agosto y los días que median
entre el 24 de diciembre y el 1 de enero del año siguiente,
ambos inclusive, serán inhábiles, salvo en las modalidades
procesales de despido, extinción del contrato de
trabajo de los artículos 50, 51 y 52 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, movilidad
geográfica, modificación sustancial de las condiciones
de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada
por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del
artículo 139, impugnación de altas médicas, vacaciones,
materia electoral, conflictos colectivos, impugnación de
convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales
y libertades públicas, tanto en el proceso declarativo
como en trámite de recurso o de ejecución.
Tampoco serán inhábiles dichos días para la adopción
de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas
cautelares, en particular en materia de prevención
de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, así como para otras actuaciones que
tiendan directamente a asegurar la efectividad de los derechos
reclamados o para aquellas que, de no adoptarse
pudieran dar lugar a un perjuicio de difícil reparación.
Serán hábiles el mes de agosto y los días que median
entre el 24 de diciembre y el 1 de enero del año siguiente,
ambos inclusive, para el ejercicio de las acciones laborales
derivadas de los derechos establecidos en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género».
2) Se modifica el apartado 3 y se añade un nuevo apartado
4 al artículo 83:
«3. La incomparecencia injustificada del demandado
al acto de conciliación no impedirá la celebración de los
actos de conciliación y juicio, sin perjuicio de la sanción
que, por esta circunstancia, se impondrá en sentencia en
los términos establecidos en el artículo 97.3.
4. Los abogados, procuradores o graduados sociales
podrán acogerse a las mismas causas de suspensión por
circunstancias personales o familiares que se recogen
para cada uno de dichos profesionales en los artículos
134.3, 179.3, 183.2 y 188.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil».

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